Elízabeth Romero
A través de un decreto publicado en La Gaceta del 31 de marzo pasado el presidente inconstitucional Daniel Ortega derogó el decreto 21-2013, que establecía que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevará un monitoreo y supervisión a sujetos obligados para el combate del terrorismo y lavado.
En el decreto 17-2014, Ortega determina que el Sistema Nacional de Seguridad Democrática, basado en la Ley 750 creadora del mismo, recibirá información de la UAF; del consejo contra el crimen organizado y de las instituciones encargadas de la persecución del delito relativa a personas involucradas al terrorismo o a su financiamiento.
Pueden ser afectadas con inmovilización de fondos las personas que en Nicaragua o en el extranjero sean procesados por delitos de terrorismo o por información de investigación policial, financiera o judicial, de inteligencia u organismos homólogos de otros países, que demuestren supuesta vinculación con el delito de terrorismo.
En este caso el Sistema Nacional de Seguridad Democrática se deberá notificar al Ministerio Público y la Procuraduría General de la República cuando designe a una persona.
Además, en el nuevo decreto Ortega establece que la autoridad judicial solo podrá modificar la medida de “inmovilización” de acuerdo con lo dispuesto en resoluciones del 2002 y 2006 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esto es “cuando se trate de activos o fondos necesarios para sufragar gastos básicos que pueden incluir el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos impuestos, primas de seguro, gastos de agua y electricidad o pagos de honorarios o prestación de servicios razonables”, entre otros.
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