El denominado Movimiento de Productores del Norte, mejor conocido como los “No Pago”, ha vuelto a la carga y exige ahora que el Gobierno asuma las deudas que han vuelto a acumular.
Los miembros del movimiento “No Pago” demandan al Gobierno la emisión de Bonos de Pago por Indemnización (BPI), para cancelar los “saldos de capital adeudados” que resulten después de una nueva negociación con las entidades microfinancieras, en la cual pretenden que se les perdone del 10 al 50 por ciento de los montos originales de los créditos y de los intereses corrientes y moratorios. Y amenazan, los “No Pago”, con realizar movilizaciones callejeras y bloquear las sedes locales de las instituciones financieras de microcrédito.
La nueva exigencia y amenaza de los “No Pago” ha sorprendido a la ciudadanía, pues después de la crisis de 2009 y de las concesiones que el Gobierno les hizo a los morosos, los representantes de las microfinancieras creían que la “cultura del no pago” ya no los estaba acechando, y que más bien se estaban recuperando y recobrando la confianza de los fondeadores extranjeros. En realidad, la aprobación en febrero de 2010 de la Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones de Microfinanzas y Deudores en Mora (mejor conocida como Ley Moratoria), parecía ser suficiente para satisfacer las demandas de los “No Pago” y que no volvieran a demandar el perdón de sus nuevas deudas o su reestructuración generosa. Sin embargo, como lo advertimos en aquella ocasión, la Ley Moratoria no resolvería el problema porque cuando la morosidad se premia con la condonación de las deudas, lo más seguro es que después los morosos vuelvan a exigir lo mismo.
Lo que debe hacer un Gobierno responsable es erradicar la subcultura del no pago y animar que se honren las deudas con el sistema financiero grande o pequeño, como lo hacían los nicaragüenses de antaño que se ufanaban de ser pobres pero honrados, y de que pagaban sus deudas antes que gastar el dinero en cualquier otro menester.
Crédito viene de creer, significa tener confianza el uno en el otro. Con ese sentido de credibilidad y confianza apareció el crédito en las relaciones económicas, ya en las primeras etapas del desarrollo humano, pues, si no hay confianza en que quien obtiene un crédito lo va a pagar según lo convenido, la relación de financiamiento no pudiera existir. Y del mismo modo, si la entidad o el sujeto financiero altera las reglas establecidas para conceder el crédito, como aumentar sin previo aviso las tasas de interés o cambiar los plazos de amortización y de cancelación, pierde la confianza pública y deja de cumplir la función crediticia.
La responsabilidad del Gobierno en el ámbito de las relaciones financieras es velar porque los intereses de los créditos y los plazos de pago sean razonables y no se cometan abusos con el cobro de su amortización, cancelación o garantía. Por la sanidad financiera nacional el Gobierno tiene que fomentar la cultura de pago, no apañar a quienes pretenden que sus deudas sean pagadas por el Estado, o sea por quienes sí pagan lo que deben y sustentan el erario con el aporte de sus impuestos.
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