J. Eduardo Ponce Vivanco
Fortalecido con el apoyo de los cancilleres de Unasur, el autócrata Maduro ha arreciado los atentados contra el indefenso pueblo de Venezuela, cuyo derecho a la democracia ha sido oficialmente desconocido por los gobiernos de la región. Triunfo del castrochavismo y golpe para el prestigio de Sudamérica, que por temor político o sobornos petroleros, se hace cómplice de la explosiva situación generada en ese protectorado de Cuba que ha crecido en la tierra de Bolívar. Guarecidos por el manto cobarde del consenso, quienes nos gobiernan han aceptado que la democracia se reduzca a las elecciones manipuladas que permiten aplicar la receta del “socialismo del siglo XXI”: nueva Constitución, populismo, reelecciones indefinidas, caricaturización del Estado de Derecho, soberanía y no intervención a ultranza.
Hugo Grocio (1583-1645) definía el Estado como “La asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común”. Ese hombre libre, el ciudadano, delega el derecho de soberanía en el Estado que los gobiernos administran, y puede revocarlo cuando sus autoridades transgreden las condiciones en que recibieron su mandato.
La divinización del Estado en perjuicio de los derechos fundamentales del ciudadano es la filosofía política que respaldan Unasur y Celac, cuya “jurisprudencia” tiene el deshonor de apadrinar un régimen que rechaza la injerencia en su jurisdicción interna, pero que interviene con desparpajo en los asuntos de otros Estados. Con ignorante cinismo, Maduro asume que el titular de los derechos humanos es el Estado, no el individuo. Y América Latina desconoce que la aparente incompatibilidad entre soberanía y no intervención fue superada en la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sus normas y mecanismos para defender a la persona de los abusos del Estado son universalmente obligatorias (ius cogens) y fundamento del derecho humanitario que aplica la comunidad internacional.
El principio de no intervención nace del derecho de autodeterminación de los pueblos y de la independencia de las naciones. En vez de denunciar conspiraciones inexistentes para justificar sus atropellos, el señor Maduro debería invocar ese principio para liberar a Venezuela de la abierta intervención de Cuba.
El consenso —fuenteovejuna— no justifica que los cancilleres de Unasur defiendan una autocracia que sacrifica a más de la mitad de los venezolanos, cuyos derechos humanos son sistemáticamente pisoteados. Con el pésame a las víctimas de la represión; alusiones tangenciales a sus derechos; o el apoyo a un “diálogo” organizado para someter a la indefensa oposición, los ministros de Unasur se desentienden de una crisis que les concierne, y no quieren ver que la “democracia participativa” es el mejor disfraz para dictaduras socialistas como las de Cuba y Venezuela. La democracia representativa —la de verdad— es la que defienden las normas de la OEA, organización a la que Celac y Unasur pretenden desplazar.
¡Atención! Los gobiernos latinoamericanos están desprestigiando a la región y deshonrando a los ciudadanos que representan. El autor es diplomático y exvicecanciller peruano. ©FIRMAS PRESS.
