El botín del poder político

Desde que existen los partidos políticos, se conoce que su objetivo primordial —y por lo tanto de sus líderes y miembros prominentes— es tomar el poder del Estado. La explicación de los políticos es que solo dominando el Gobierno y el Estado, ellos pueden hacer las transformaciones socioeconómicas progresistas que son necesarias y realizar sus programas de beneficio popular.

Incluso de manera institucional se define que el objetivo de los partidos es la conquista del poder. En la Ley de Partidos Políticos que el régimen sandinista dictó en 1983, se decía que “los partidos políticos son agrupaciones de ciudadanos nicaragüenses ideológicamente afines, constituidos con el objetivo, entre otros, de optar al poder político con la finalidad de realizar un programa que responda a las necesidades del desarrollo nacional”.

Aquella ley ya no existe, pues fue diluida en la Constitución y la Ley Electoral. Pero de igual manera, el objetivo de los partidos políticos sigue siendo tomar el poder y retenerlo cuanto tiempo les sea permitido, con el pretexto de que unos pocos años no son suficientes para realizar todos los fantásticos programas que tienen en mente para hacer feliz a la gente. Y si el partido político es de signo totalitario y tiene vocación dictatorial, como es el caso del FSLN, este se aferra al poder para siempre y proclama que hará todo lo que sea necesario con tal de no volver a entregarlo a la oposición.

Seguramente que, como excepción, hay políticos que sinceramente creen que el poder político es solo un medio para promover el bien común. Pero la verdad es que, en términos generales, quienes se dedican a la política partidista y luchan por alcanzar puestos dirigentes y prominentes, lo que buscan es ocupar un buen cargo en el Estado para vivir a expensas de los presupuestos públicos. Y en no pocos casos, los políticos que llegan al poder usan sus influencias para hacer o engrandecer negocios particulares y familiares, y favorecer a correligionarios y amigos particulares.

 Tal es el caso, para mencionar un ejemplo, del diputado del FSLN Yasser Martínez, cuyos negocios particulares son beneficiados por su conexión política gubernamental, tal como lo ha denunciado LA PRENSA por medio de una serie de reportajes escritos por el reconocido periodista de investigación Moisés Martínez. Según estas investigaciones, solo el año pasado empresas vinculadas al mencionado parlamentario oficialista fueron beneficiadas con casi cinco millones de dólares, mediante contratos sin licitación —y sin el debido cumplimiento en la entrega de las obras contratadas— para realizar proyectos municipales, del Ministerio de Salud y de Enacal.

Debido al secretismo gubernamental que protege los negocios turbios en el Estado, no se ha podido precisar si el beneficio de esas contrataciones es solo para el lucro personal del diputado orteguista, o también para el financiamiento de algún organismo del FSLN. Pero en cualquier caso se trata de una flagrante violación de la Constitución, que mediante su Artículo 130 prohíbe expresamente esos actos y manda que el funcionario que los practique, pierda la representación y el cargo público. Y es también una muestra de la impunidad oficial que protege la rampante corrupción pública que ha sido institucionalizada por la dictadura orteguista.

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