Más de 500 partidarios del presidente islamista Mohamed Mursi, derrocado por el ejército, fueron condenados a muerte el lunes en primera instancia por la violencia de mediados de 2013, durante un juicio expeditivo en el marco de una sangrienta represión de los islamistas en Egipto.
De las 529 personas condenadas a la pena capital, sólo 153 se encuentran detenidas, y las otras están prófugas, precisaron las fuentes. Desde que el ejército derrocó a Mursi, el 3 de julio, 1,400 de sus partidarios han muerto por la represión y otros miles han sido encarcelados.
Diecisiete de los inculpados fueron absueltos.
Este veredicto, sin precedentes en la historia de Egipto, es «una catástrofe, una mascarada y un escándalo que tendrá consecuencias para Egipto durante años», protestó Gamal Eid, un experto jurídico que dirige la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos.
Tanto Estados Unidos como la Unión Europea afirmaron estar «profundamente preocupados» por estas condenas a muerte.
«Simplemente no parece posible que una revisión justa de la evidencia y los testimonios, conforme a los estándares internacionales, pueda realizarse para 529 acusados tras dos días de juicio», indicó a la AFP un funcionario del departamento de Estado.
«Sea cual sea la gravedad de los crímenes por los que han sido condenados, la pena de muerte nunca se puede justificar», indicó por su parte la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, en un comunicado.
«Es el mayor número de condenas a muerte simultáneas que hemos visto en los últimos años, no sólo en Egipto, sino en cualquier país del mundo», recalcó Amnistía Internacional.
Sin embargo, según los expertos, la ley egipcia prevé un nuevo juicio para todos los acusados prófugos que se entregan a la justicia y una apelación ante el Tribunal de Casación podría permitir a los condenados detenidos actualmente obtener también un nuevo juicio o que su pena fuera conmutada.
En total, más de 1.200 personas están procesadas por esos actos de violencia, que tuvieron lugar a mediados de agosto en la gobernación de Al Minya, a 250 kilómetros al sur de El Cairo.
Se trata del juicio más importante desde el comienzo de la represión contra los partidarios de Mursi, lanzada a principios de julio pasado, tras el derrocamiento del único jefe de Estado elegido democráticamente en el país.
Otras 700 personas deben comparecer este martes, incluyendo a varios dirigentes de la cofradía de los Hermanos Musulmanes de Mursi. También en este caso, muchos de los acusados están prófugos.
Al igual que los condenados del lunes, estas 700 personas deberán responder por los actos de violencia ocurridos en la provincia de Al Minya el 14 de agosto, cuando unos soldados y policías dispersaban en un baño de sangre los mitines islamistas en El Cairo.
Represión generalizada
Desde esa fecha, más de 1.400 partidarios de Mursi han muerto por una represión que se amplió a la oposición laica al nuevo poder político, dirigido de hecho por el ejército, según Amnistía Internacional. Miles de personas, en su mayoría islamistas, fueron encarceladas.
Casi todos los dirigentes de los Hermanos Musulmanes son juzgados actualmente y corren peligro de ser condenados a muerte, incluyendo a Mursi. El Guía Supremo de la influyente cofradía, que ganó todas las elecciones desde la revuelta de 2011, Mohamed Badie -citado en varios casos adicionales-, figura entre los acusados del proceso de Al Minya.
Todos ellos deben responder de actos de violencia que causaron la muerte de dos policías y de ataques contra bienes públicos y privados el 14 de agosto en la gobernación de Al Minya.
Los Hermanos Musulmanes convocan regularmente a manifestaciones para pedir el regreso al poder de Mursi.
Sus mitines a menudo terminan enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y los opositores al presidente derrocado.
Pero, a finales de diciembre, las nuevas autoridades declararon «terrorista» este movimiento islamista, surgido hace 85 años. Desde entonces, poseer su propaganda o participar en sus manifestaciones puede ser castigado con penas de prisión.
