Elízabeth Romero
El caso de Maybell Espinales, que desde febrero pasado esperó que su denuncia por violencia contra Jason Juárez, tuviera eco en las autoridades de la Comisaría de dos distritos policiales, es un ejemplo de lo que viven a diario las mujeres violentadas, dicen los defensores de los derechos de las mujeres.
Espinales confió ayer a LA PRENSA que la autoridad procedió en su caso, después que ella lo expuso a la primera dama Rosario Murillo. Antes nadie había procedido a capturar al agresor.
Denis Darce, responsable de proyecto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), recordó que la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres, establece las responsabilidades
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que tienen las instituciones con relación a la violencia.
“Para nosotros es preocupante que las mujeres tengan que recurrir a mecanismos extrainstitucionales”, para obtener acceso a la justicia, dijo Darce.
Sobre todo que la Policía “es la primer ventana” que tocan las víctimas de violencia, y se encuentren con estas limitaciones que las lleva a no continuar en su denuncia.
En la mayoría de los casos las actuaciones de los funcionarios en las Comisarías, inducen a las víctimas a desistir, señaló Darce.
Por su parte, una de las dirigentes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Azahálea Solís, manifestó que este caso denota la falta de institucionalidad en el país, el tráfico de influencias y la ausencia de aplicación de los mecanismos correctos.
Las Comisarías deben actuar de inmediato “aunque sea el hijo del presidente”, señaló Solís.
Se preguntó “¿cuánta gente tiene acceso a la señora (Murillo)?” Y, apuntó Solís, esto indica que no es que bajó el índice de violencia, sino que esto lleva a las mujeres a desistir del proceso.
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