Es lógico que ocurran en Nicaragua hechos como el de la cocaína que —no por arte de magia, sino de una decisión judicial— fue convertida en talco. En un país donde la justicia no es independiente, e incluso los magistrados de la Corte Suprema son de facto, porque al poder dictatorial no le da la gana renombrarlos o cambiarlos conforme mandan la Constitución y la ley, cualquier cosa puede ocurrir por muy inverosímil que parezca.
La justicia es independiente cuando los jueces y magistrados forman su criterio de acuerdo con su propia conciencia y toman sus decisiones basados en la ley, sin sujeción a nadie; cuando los jueces y magistrados no pueden ser destituidos porque sus decisiones y fallos, dictados de conformidad con la ley y la justicia, no le gustan a quienes ejercen el poder político y a sus allegados; cuando hay imperio de la ley, no del interés político, ni de la conveniencia económica de los que mandan; cuando los magistrados y jueces se apegan a la Constitución y la ley, sin separarse ni excederse de ellas.
La independencia de la justicia es la base del Estado democrático de derecho, condición del respeto a las libertades políticas y la vigencia de los derechos humanos. Pero en Nicaragua la justicia no es independiente y por eso no existe el sistema democrático de gobierno.
Desde antes que Daniel Ortega recuperara el poder y comenzara a socavar la institucionalidad democrática para instaurar una nueva dictadura (todavía soft o suave, pero dictadura al fin), el PLC que estaba en el poder y el FSLN que hacía el papel de oposición se repartieron el poder judicial y los demás poderes e instituciones del Estado, como un botín partidista. Desde entonces en la Corte Suprema de Justicia hay una bancada de magistrados sandinistas y otra de liberales. Y si la cúpula judicial funciona de esa manera, es fácil imaginar cómo operan sus instancias intermedias y de base.
Con un sistema judicial como este no se puede garantizar la idoneidad de los magistrados y los jueces. Independientemente de que a título personal y excepcional se pueda encontrar jueces y magistrados idóneos (como los hubo en el somocismo y en la primera dictadura sandinista, y seguramente los hay ahora), si la justicia no es independiente no se puede esperar que cumpla su función principal, la cual es de proteger los derechos y las libertades de las personas en general y de las minorías en particular, que son las más débiles y por ende las que más necesitan la protección de la justicia.
Las fuerzas sanas y democráticas de la sociedad: políticas, empresariales y de la sociedad civil, están poniendo el acento en que para la recuperación de la institucionalidad democrática hay que reestructurar y sanear el sistema electoral. Es lógica esta demanda, pues las elecciones libres y limpias son el punto de partida para el funcionamiento general de la democracia. Pero no hay que olvidarse de que la justicia también es primordial.
Los obispos, quienes al parecer pronto tendrán la oportunidad de reunirse con Daniel Ortega, por lo menos tendrán que mencionarle la vergonzosa situación de la justicia de Nicaragua: dependiente, politizada y corrupta.
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