Editorial: Regreso del estado partido
El jueves 6 de marzo publicamos la información sobre la existencia de un organismo de carácter partidista, el cual está por encima de los órganos constitucionales y legales del Gobierno de Nicaragua.
La noticia se basó en una divulgación del medio electrónico oficialista denominado www.lavozdelsandinismo.com, acerca de que un tal Consejo Sandinista Nacional de Gobierno “dispuso una serie de acuerdos para refinar el trabajo de las instituciones en aras de que sean más efectivos”. Y agregó la información oficialista, que a fin de que “los Consejos de Dirección en las instituciones funcionen de forma efectiva y transparente, incluirán al representante de los trabajadores y al secretario político en todas las instancias durante las reuniones semanales que permitan evaluar y planificar el trabajo a desarrollar”. Sin embargo, el mismo día que LA PRENSA dio a conocer esa importante información de interés público, esta fue borrada del mencionado sitio web que forma parte de los medios de comunicación al servicio del Gobierno.
Pero el hecho de que la información haya sido eliminada del medio electrónico oficialista de comunicación, no significa que el organismo supra gubernamental no existe o que súbitamente dejó de existir. Siendo realistas, lo sorprendente sería que el FSLN no controlara y dirigiera desde arriba a todos los organismos del Estado y el Gobierno. Y además poco o nada le importa al orteguismo —cuya filosofía política se basa en el concepto de que el hecho está por encima del derecho— que el control partidista sobre el funcionamiento del Estado y el Gobierno sea inconstitucional e ilegal.
En el sistema de gobierno de la democracia no existen más órganos y estructuras de poder público, que aquellos que están expresamente determinados en la Constitución y en la Ley. Pero la concepción sobre el ejercicio del poder político que tienen y practican Daniel Ortega y el FSLN, no es democrática. Para ellos, el poder real (del partido y del caudillo gobernante) tiene que estar arriba del poder formal y jurídico que se menciona en la Constitución Política del Estado y en los textos legales.
En realidad, para el Frente Sandinista y el dictador Daniel Ortega, la principal garantía política del poder estatal y de su régimen dictatorial es “el control del partido sobre la labor de todos los eslabones de los aparatos del Estado”, según se dice en un manual de “derecho constitucional” comunista, de Fernando Diego Cañizares, que se estudia y aprende en las universidades de Cuba. Lo cual, dicho con otras palabras viene a ser lo mismo que lo que durante la dictadura del FSLN de los años ochenta se denominaba confusión Estado-partido, que ahora el régimen dictatorial de Daniel Ortega ha vuelto a imponer.
Esto es una demostración más de que no es cierto que en Nicaragua hay un gobierno democrático, que lo que impera es una dictadura que gobierna de manera inconstitucional, ilegítima y abusiva, y a la cual por lo menos hay que denunciar y desenmascarar.
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