AFP
Estudiantes, opositores y periodistas denunciarán este viernes las violaciones de los derechos humanos por parte de fuerzas antidisturbios durante las protestas antichavistas que han dejado 14 muertos, mientras la justicia ordenaba nuevas detenciones de opositores radicales.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tildó de intento de «golpe de Estado» las protestas, en un inicio estudiantiles y a las que se sumaron dirigentes radicales de la oposición que pregonan la necesidad de ocupar las calles para forzar la salida del Gobierno, elegido en abril de 2013.
El Foro Penal Venezolano, que hasta el miércoles había registrado 33 casos de violaciones de los derechos fundamentales, convocó una manifestación bajo el lema «todos al rescate de nuestros derechos humanos» en la que prometió que participarían algunas de las víctimas de los abusos policiales.
Las protestas, iniciadas a princpios de febrero por estudiantes venezolanos en reclamo por la inseguridad en los campus, se extendieron a varias ciudades e incorporaron reclamaciones por la inflación y penurias de abastecimiento de comida en el país con las mayores reservas petroleras mundiales.
Maduro, heredero político del líder de la llamada 'Revolución Bolivariana', Hugo Chávez, ha negado que existan violaciones de los derechos humanos, pero un informe de la fiscalía esta semana admitió que se habían abierto 12 investigaciones.
Más de una docena de policías están detenidos, entre ellos cinco agentes de inteligencia acusados por el asesinato, el 12 de febrero, de un estudiante y de un simpatizante del Gobierno, causando las dos primeras muertes de las protestas, que a partir de ese día aumentaron rápidamente.
Los abogados del Foro Penal adelantan, entre otros casos, los de un joven que denuncia haber sido víctima de abusos sexuales durante su detención y los de una mujer que fue golpeada con saña por agentes antidisturbios frente a cámaras de periodistas.
En la concentración participará el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, que denuncia cerca de 70 casos de hostigamiento, amenazas, prisión injustificada, o robos contra periodistas de medios venezolanos y extranjeros.
Informe de EE.UU.

El informe anual sobre Derechos Humanos 2013 del Departamento de Estado, divulgado el jueves, informó de que el Gobierno venezolano «continuó tomando acciones para impedir la libertad de expresión y restringir la libertad de prensa».
Al presentar el informe, el secretario de Estado, John Kerry, se refirió a los sucesos de las últimas semanas e insistió que Venezuela «ha confrontado manifestantes pacíficos desplegando civiles armados (en referencia a los «colectivos» chavistas), encarcelando estudiantes y severamente limitando las libertades de expresión y reunión».
También el jueves, el partido Voluntad Popular anunció que la justicia había ordenado la detención de Carlos Vecchio, al frente de la agrupación tras del arresto, a mediados de mes, de su líder Leopoldo López, quien permanece en una cárcel militar.
La orden de captura es por los delitos de «incendio intencional, instigación pública, daños y asociación», los mismos cargos que le fueron imputados a López.
Carnaval frena las protestas
El jueves fue el inicio de un largo receso de seis días por la fiesta de carnaval, que pareció restar impulso a las protestas, aunque las marchas, cortes de calles y cacerolazos, siguieron siendo parte del paisaje cotidiano en Caracas, Valencia, Maracay, San Cristóbal y algunas otras ciudades.
En el este de Caracas, unas 200 personas bloquearon con barricadas y escombros diversas calles del acomodado barrio Las Mercedes, y tiraron piedras al cuerpo antidisturbios, que les dispersaron con gases lacrimógenos, después de que entre 2,000 y 3,000 personas se manifestaran pacíficamente.
El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, denunció un uso «desmedido» de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, que pese a que ya había dispersado a manifestantes, realizó dos bombardeos adicionales con gases lacrimógenos.

«Me pareció innecesario el segundo y tercer bombardeo de bombas lacrimógenas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana», dijo el alcalde.
El líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens, condenó la represión. «Hablan de paz (desde el Gobierno) y después que los estudiantes nos concentramos pacíficamente gritando ni un muerto más, nos lanzan bombas lacrimógenas», escribió en su cuenta en Twitter.
El origen de la protesta
Las manifestaciones comenzaron el 4 de febrero en la occidental San Cristóbal con una protesta estudiantil por la inseguridad, tras un intento de violación a una joven en un campus universitario.
Desde entonces, las protestas fueron extendiéndose por algunos estados del país, que tiene unos 2,6 millones de estudiantes universitarios, movilizando en su punto más caliente a varios miles de manifestantes por día, a los que se sumaron dirigentes opositores radicales.
A partir del 12 de febrero comenzaron a registrarse al término de las protestas incidentes entre grupos enmascarados de las marchas opositoras, unidades antidisturbios acusados de represión desproporcionada y grupos armados no identificados que atacaban a los manifestantes.
En el momento más fuerte de las protestas, el Gobierno dijo que las manifestaciones afectaron a 18 de los 335 municipios venezolanos.