EL UNIVERSAL/ CARACAS
La crisis económica se agudiza. Los intentos de corregir las distorsiones del modelo económico que anunció el ejecutivo nacional en 2013 se diluyeron y hoy los males de la economía venezolana son mayores.
Tras ganar la elección presidencial en abril del año pasado Nicolás Maduro encomendó a su tren ejecutivo reunirse con empresarios de todos los sectores para corregir los problemas que golpeaban con fuerza la realidad económica.
Las reuniones se celebraron entre el 20 y el 24 de mayo y los ministros realizaron promesas en tres áreas fundamentales: entrega de divisas, flexibilización del control de precios y disminución de las trabas burocráticas. Casi un año después las promesas no se han cumplido y el Gobierno nacional decidió profundizar el modelo al tiempo que responsabiliza a los empresarios de mantener una “guerra económica”.
“Es evidente que hay unas contradicciones internas que no permiten la toma de decisiones”, dijo recientemente en rueda de prensa Jorge Roig, presidente de Fedecámaras.
EN SERIOS APRIETOS
La sequía de divisas es quizás el problema más evidente. Tras una parálisis en la liquidación hoy la industria está en aprietos. La deuda con los proveedores ronda los 13 millardos de dólares y las casas matrices se niegan a despachar mercancía hasta que no disminuya ese monto.
El mensaje de Rafael Ramírez, vicepresidente del Área Económica, es ambiguo con la posibilidad de pagar la deuda por concepto de importaciones no liquidadas, y las empresas agotan sus inventarios sin saber si podrán reponerlos.
SOLO PROMESAS
En las reuniones de mayo la regulación de precios fue uno de los reclamos que más repitieron los empresarios de diversos sectores y desde el ejecutivo nacional se reconocieron los errores. “Si hay que hacer (la revisión) de manera trimestral se hará; en algunos (casos) es semestral y en otros anual”, prometió Yván Gil, ministro de Agricultura y Tierras.
Armando León, director del Banco Central de Venezuela (BCV), también admitió las distorsiones del control de precios y anunció que habría revisiones periódicas. “El período que se está estimando es entre 5 y 3 meses cuando ya se requiera una revisión de precios”.
Sin embargo, el ejecutivo se ha negado a ajustar los precios en alimentos, productos de cuidado personal y medicamentos. Por el contrario, el 23 de enero promulgó la Ley Orgánica de Precios, que extiende la regulación a toda la economía y extrema las sanciones contra los empresarios que incumplan.
La idea de eliminar las trabas burocráticas y simplificar los trámites también se redujo a una promesa. Por el contrario, el nuevo esquema cambiario y de control de precios obligan a los empresarios a cumplir con más trámites a los establecidos.
Solo para la solicitud de dólares las compañías deben firmar un contrato de “fiel cumplimiento”, que los obliga a colocar una fianza por el equivalente en dólares de la importación y ahora también deben contar con un “certificado de precios justos”.
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