Venezuela/AP
El líder opositor Leopoldo López, que se entregó voluntariamente a las autoridades, fue trasladado el martes a un tribunal para responder por su presunta responsabilidad de los incidentes de la semana pasada que dejaron tres muertos y detonaron una serie de protestas en el país.
Los abogados defensores, citados en un comunicado del partido Voluntad Popular, indicaron que la audiencia de presentación fue diferida para el miércoles y que durante la noche del martes podría pasar la noche en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas.
«Tenía opción de irme, pero no me voy a ir de Venezuela nunca. La otra opción era quedarme escondido en la clandestinidad y no tenemos nada que esconder», dijo López ante miles de seguidores. Destacó que si su arresto permite a «Venezuela despertar definitivamente… mi encarcelamiento valdrá la pena».
«Les ruego que cuando yo pase y me entregue, les pido por favor que tengamos prudencia», dijo a través de un megáfono.Durante los últimos ocho días, las protestas callejeras se han multiplicado en la capital y otras ciudades, dejando cerca de dos centenares de detenidos.
El presidente Nicolás Maduro acusa López, de 42 años, de encabezar un complot «fascista» en su contra financiado por Estados Unidos. El dirigente opositor ha negado las acusaciones y aseguró que es un «perseguido político».
El opositor resaltó que el lugar escogido para entregarse fue elegido para explicar de viva voz las razones de su lucha. Los más de 10,000 manifestantes, vestidos de blanco y con gorras con el tricolor nacional, acataron el llamado de López y se alejaron pacíficamente de las fuerzas de seguridad rumbo a una populosa plaza del este de la ciudad.
«No arriesgaré a nadie, no caigamos en violencia», afirmó y se montó en un vehículo blindado de la Guardia Nacional.
A solicitud de la Fiscalía, los delitos que se le imputarían son homicidio intencional, terrorismo, lesiones graves, incendio de edificio público, instigación a delinquir y delitos de asociación, entre otros.
Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, declaró a la AP que el caso «eminentemente es una criminalización de la disidencia porque para todos es sabido que Leopoldo López no es responsable penalmente por los delitos que le están imputando». Dijo que las autoridades buscan sacarlo «de la vida pública» por su arrastre popular.
Las autoridades abrieron contra López un proceso por su presunta responsabilidad en los violentos incidentes que se registraron el 12 de febrero en Caracas tras una multitudinaria marcha de universitarios y opositores al gobierno.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch denunció violaciones al debido proceso en el caso del López y el director para las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco, en un correo electrónico apuntó que las autoridades «hasta el momento no han presentado ninguna prueba seria, sólo insultos y las teorías de conspiración».
La entrega del líder opositor se produjo un día después de que Maduro expulsó a tres funcionarios consulares de Estados.
El mandatario se mostró complacido con su entrega. «Hoy deben saber ustedes que se desarrollaron acontecimientos hasta esta hora pacífica con la entrega como debía ser de este jefe político de la derecha fascista venezolana, que ya está en manos de la justicia», dijo ante trabajadores públicos que encabezaron una multitudinaria marcha.
Horas después, el alcalde de una localidad del estado central de Carabobo reportó un incidente violento durante el desarrollo de una caminata opositora que dejó 11 heridos, al menos tres de bala, cuando una marcha opositora fue presuntamente atacada por un grupo de unos 30 motorizados armados, dijo a la AP el alcalde del municipio San Diego Enzo Scarano.
Los manifestantes acusaron a Maduro y su predecesor Hugo Chávez de los altos índices de criminalidad y de otros problemas que agobian a los venezolanos como la galopante inflación y la escasez de bienes y servicios de primera necesidad.
La portavoz del Departamento de Estado Jen Psaki en Washington dijo que culpar a Estados Unidos por los eventos en Venezuela carece de seriedad y es un ardid del gobierno para distraer la atención de sus propias acciones y la «grave situación» que enfrenta.
Maduro ha expulsado a varios diplomáticos estadounidenses en dos recientes ocasiones.
«Rechazamos todas estas acciones que han generado un clima de violencia indeseado por lo cual nos hemos visto obligados a aplicar parte de nuestra fuerza…», dijo la ministra de Defensa, almirante Carmen Meléndez en alusión al uso de gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los estudiantes en días pasados.
El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó a la AP que la detención de López podría convertirse en un problema para el gobierno porque podría transformarse en un «mártir» y un «monstruo político».
León agregó en entrevista telefónica que el proceso contra López podría ayudar al gobierno a desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país, pero que el malestar que existe entre los venezolanos no se podrá aplacar.
El analista indicó que las protestas son un claro indicativo de un malestar general y aseguró que esa situación se mantendrá y originará «empeoramiento de la situación económica sin duda».
