Una de las grandes diferencias que hay entre la democracia y el autoritarismo, es que en la primera la ley por lo general tiene un sentido pedagógico, mientras que en el otro, se legisla solo con fines punitivos.
Incluso a las leyes penales, en la democracia se les incluye siempre un ingrediente educativo, ya que el propósito de la penalización no es solo castigar a quienes cometen faltas y delitos —así como reparar en lo posible el daño inferido a las personas y la sociedad—, sino también corregir a los infractores y delincuentes, reintegrarlos a la sociedad y ejemplarizar la conveniencia de respetar la convivencia social ordenada y pacífica.
Algo del sentido pedagógico que debe tener la ley incluso cuando es para castigar a los infractores y delincuentes, los diputados de la oposición trataron de introducir en las reformas a la Ley de Tránsito. Y dos diputados opositores, pero independientes, votaron contra esas reformas por considerar que son solo represivas y recaudatorias y no tienen ningún componente educativo. Por su parte, los legisladores de la bancada opositora del PLI aprobaron las reformas punitivas de la Ley de Tránsito, pero criticando la omisión del ingrediente pedagógico. Alguno de estos diputados opositores señaló incluso que los numerosos, enormes y costosos rótulos que el Gobierno ha colocado en todo el país para fomentar el culto a Daniel Ortega, deberían ser sustituidos con publicidad promotora del respeto a las reglas de la seguridad vial por parte de conductores y peatones.
En realidad, en principio está bien y es necesario que se castigue con mayor severidad a los infractores de las normas de circulación vehicular. El aumento de la accidentalidad de tránsito es un grave problema, nacional e internacional, por lo cual a mediados de junio de 2011 la Organización de Naciones Unidas —que de vez en cuando promueve y hace algo positivo—, exhortó a sus Estados miembros y a organismos internacionales, a organizaciones civiles, sectores empresariales, líderes comunitarios y personas en general, a dedicar todo un decenio a la promoción de la seguridad vial, para reducir el número de víctimas y el monto de los daños materiales y sociales que causan los accidentes de tránsito.
Seguramente por eso en los últimos años las multas de tránsito fueron incrementadas en muchos países. Pero al mismo tiempo se intensificaron los programas de educación vial y se mejoró la infraestructura de circulación vehicular, lo cual es indispensable para disminuir la cantidad de accidentes. Porque está bien que se multe severamente a quienes, por ejemplo, conducen en estado de ebriedad, aunque según las estadísticas de la Policía esta no es una de las principales causas de accidentes de tránsito en Nicaragua. Pero las multas deben ser proporcionales al ingreso promedio de los nicaragüenses. Además, se debe impartir educación vial integral, mantener las calles y carreteras en buen estado, eliminar la circulación en doble sentido en las vías de mucho tráfico, iluminar las calles y carreteras, modernizar el sistema de semáforos y la señalización en general, etc. O sea, hacer todo lo que no se hace en Nicaragua, donde impera un régimen autoritario al que solo le interesa reprimir a los ciudadanos por lo que sea y sacarles el dinero por cualquier medio, incluyendo las multas de tránsito.
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