Editorial: Países sin Ejército
La contrarreforma constitucional orteguista y la reforma del Código Militar, que de alguna manera significan un retroceso institucional de la fuerza armada nacional, han motivado que algunas o muchas personas vuelvan a reflexionar acerca de que si realmente es necesario que Nicaragua tenga un Ejército, o mejor sería abolirlo.
No son muchos los países que no tienen ejércitos. Apenas 25 en todo el mundo, nueve de ellos en América Latina y las Antillas: Costa Rica, Panamá, Haití, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
En Europa solo Islandia y los minúsculos estados de Andorra, Ciudad del Vaticano, Liechtenstein, Mónaco y San Marino, no tienen ejércitos ni dan ninguna muestra de quererlos ni necesitarlos. En cambio todos los países de Asia poseen ejércitos, lo mismo que los de África, de manera que los otros 11 estados que no los tienen son pequeñas islas enclavadas sobre todo en el Pacífico Sur.
En Nicaragua, a raíz de la derrota electoral del FSLN y Daniel Ortega en las elecciones del 25 de febrero de 1990, y después de la instalación del gobierno democrático de la UNO y doña Violeta Barrios de Chamorro el 25 de abril del mismo año, muchos ciudadanos propusieron que se debía aprovechar aquella oportunidad para disolver el Ejército, que en ese entonces tenía el apelativo de Popular Sandinista y era un instrumento armado del FSLN.
Con ese propósito se organizó el Movimiento Civilista, encabezado por el doctor Francisco Mayorga Balladares, alto funcionario del gobierno de doña Violeta y ahora destacado miembro y partidario del régimen de Daniel Ortega. La convicción motivadora de aquel movimiento abolicionista de la fuerza armada, era que a lo largo de la historia nacional los ejércitos solo habían servido para derramar sangre nicaragüense e imponer y sostener a oprobiosas dictaduras, incluso en nombre de supuestas revoluciones libertadoras. Lo cual, dicho sea de paso, era y sigue siendo una verdad histórica incontrovertible.
Sin embargo, en aquel entonces no habían condiciones para que el Movimiento Civilista pudiera tener éxito, primero porque el Ejército Popular Sandinista no había sido derrotado militarmente en la guerra; y en segundo lugar porque el FSLN y Daniel Ortega entregaron el Gobierno a la UNO y doña Violeta, pero no cedieron el poder y mucho menos el militar ni el de seguridad del Estado, que se mimetizó en el Ejército y la Policía. Lo único posible en aquellas circunstancias era reducir el Ejército, obligarlo a que se profesionalizara y despartidarizara, comenzando por quitarse el nombre de sandinista y adoptar el de Ejército de Nicaragua.
Sin duda que si el proceso democrático de Nicaragua no se hubiera frustrado, en enero de 2007, al recuperar el poder Daniel Ortega y el FSLN, el Ejército hubiera podido seguir evolucionando, perfeccionándose como institución militar digna de una democracia cívica y republicana. Pero ahora, bajo la nueva dictadura de Ortega y la involución del Ejército, es inútil demandar su abolición, lo cual no le quita el derecho a las personas democráticas, cívicas y pacifistas de Nicaragua que quieran levantar la bandera del Movimiento Civilista.
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