El voto de los suizos del domingo a favor del «fin a la inmigración masiva» podría comprometer varios acuerdos entre Suiza y la Unión Europea (UE), que contempla reexaminar «el conjunto de sus relaciones» con la Confederación Suiza.
LOS ACUERDOS EN JUEGO
El acuerdo de libre circulación de personas, que está directamente amenazado, fue firmado en 1999 y entró en vigor en 2002. Este texto establece que los ciudadanos europeos y suizos gozan mutuamente de los mismos derechos de entrada y residencia, de acceso a una actividad económica, de establecimiento como empresario por cuenta propia, así como a las mismas condiciones de trabajo, igualdad de trato en materia de seguridad social y reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales.
LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS
La terminación de los acuerdos bilaterales podría suponer un duro golpe para la economía suiza, estrechamente ligada a la de sus vecinos, provocando principalmente una escasez de mano de obra. El comercio también podría verse afectado: en 2012, Suiza fue el tercer mayor mercado de exportación de la Unión Europea y su cuarto socio para las importaciones.
Las negociaciones en curso entre la Comisión Europea y Suiza sobre el intercambio automático de información en materia fiscal, que pondría fin al secreto bancario suizo, podría verse comprometida.
Los datos demográficos podrían también cambiar: más de 400.000 suizos viven en la Unión Europea (muchos de los cuales tienen una doble nacionalidad), mientras que más de un millón de ciudadanos de la UE viven en territorio suizo.
LAS PRÓXIMAS ETAPAS
La Unión Europea lamentó en un comunicado el resultado de la consulta y observó que éste «va en contra del principio de libre circulación de personas entre la UE y Suiza».
«La UE examinará las implicaciones de esta iniciativa en el conjunto de las relaciones bilaterales», prestando atención, en particular, a la posición del gobierno suizo frente al resultado, añadió el bloque de los 28.
El tema será abordado en la Comisión Europea y luego en el Consejo, que representa al bloque de los 28.
El gobierno suizo deberá, por su parte, presentar un proyecto de ley para concretar las exigencias del texto y tiene tres años para renegociar y adaptar los acuerdos internacionales.
