Tatiana Rothschuh
Ayer fue suspendida la lectura de sentencia sobre la extinción de pena de Eugenio Hernández, asesino de la periodista María José Bravo, quien tiene nueve años efectivos de prisión, de los 25 años de condena. La decisión está en manos de la judicial Bertha María Gómez.
Mientras los periodistas, haciendo uso de pancartas, se mantuvieron apostados en la entrada del juzgado de Ejecución de Sentencia, en protesta por la posible libertad, se conoció sobre la suspensión del acto solicitado por la defensa Heizel Hurtado, quien argumentó que la audiencia “me choca con otros asuntos”.
La reprogramación de la lectura del fallo será dada a conocer anticipadamente por la judicial, refirió Hurtado al brindar escuetas declaraciones. Según ella, su defendido tiene derecho por ley al abono de la pena por días trabajados y, a su juicio, la suma aritmética va más allá de los 25 años porque “la sentencia quedó firme hasta que desistió del recurso de casación”.
La defensa fundamenta que a pesar de la condena de 25 años de prisión por el asesinato de María José Bravo, impuesta por la juez Rosa Inés Osorio, el 28 de enero del 2005, Hernández purgaba cárcel como si estuviese con prisión preventiva.
Asegura que su defendido se ha mantenido trabajando en el penal de Cuisalá en asesoría a internos, limpieza, educación y otras áreas.
Para José Camilo Mercado Arias, fiscal auxiliar, la suma aritmética indica que Hernández ha cumplido nueve años de privación de libertad, más los ocho años y seis meses trabajados, alcanza 17 años y seis meses, “muy lejos de llegar a los 25 años que es su condena”.
Fundamenta que el “2 por 1” beneficia cuando el reo se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, en el proceso antes de dictar sentencia, pero aclara que en el caso de Hernández está cumpliendo una pena de 25 años de prisión, dictada por juez de primera instancia.
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