La práctica política y el ejercicio del poder en Nicaragua están conduciendo a la consolidación de un sistema autocrático, en el que van desapareciendo los principios de la democracia y del Estado de Derecho.
Las reformas constitucionales, recién aprobadas, llevan, en lo fundamental, a la concentración del poder y a la posibilidad de la permanencia indefinida en el mismo, favoreciendo así el surgimiento de la figura del caudillo y del poder personal omnipotente, a la vez que buscan como legitimar retroactivamente una serie de decisiones adoptadas en contra de lo que establecen la propia Constitución y las leyes
Todo esto es sumamente delicado pues nos lleva a repetir situaciones que deberían estar superadas y que podrían producirse de nuevo, debido al cierre progresivo de los espacios políticos y jurídicos, con el consecuente deterioro de la teoría y práctica de la democracia y del principio de representación que está en el origen de la misma.
La democracia moderna nace sustentada en la idea de la representación, mediante la cual se establece que los representantes legitiman su situación en la medida en que actúan dentro del marco legal y en nombre de los representados, que es en quienes reside la fuente de la soberanía. Este es el principio fundamental de la democracia, y de la legitimación del poder, tanto en el acto de su nacimiento como en el proceso de su desarrollo.
Por eso la democracia, antes y más que un sistema político, es la filosofía de los límites al ejercicio de la autoridad a través de sus expresiones principales: la ley, las instituciones, la separación de poderes, las formas procesales legalmente establecidas para ejercer el poder, y los sistemas políticos y demás disposiciones jurídicas que regulan el comportamiento del Estado.
La idea de la democracia y el Estado de Derecho es, entonces, el equilibrio de tres elementos constitutivos: la legalidad, que es el apego al mandato de la ley; la legitimidad, que es la subordinación de la ley a la voluntad general, y la ética, el ethos, conjunto de valores y principios sobre los que se fundamentan la legalidad y la legitimidad.
Hay pues un encadenamiento necesario entre el poder, la ley, la voluntad general y la ética política. La ley puede dar legalidad cuando es formalmente válida y, al mismo tiempo, negar legitimidad, cuando no expresa la voluntad general.
Por todo ello es fundamental la reelaboración en nuestro país de la idea de la política, lo que exige necesariamente un cambio cualitativo en la sociedad civil y su relación con los partidos políticos y el Estado. La reconstrucción de la sociedad, o más preciso aún, de la ciudadanía, es fundamental para reorientar la práctica política y el ejercicio del poder en Nicaragua.
Si realmente creemos que la teoría y práctica de la legalidad y de la legitimidad del poder parte del origen social del mismo, resulta imprescindible reestructurar la fuente que lo produce, pues de no ser así, los problemas históricos de su comportamiento abusivo expresado principalmente en la violación de los derechos ciudadanos, seguirán repitiéndose, pues los defectos en el origen del problema continuarán reproduciéndose en la cúpula del poder. Los problemas en la base y en el cuerpo de la pirámide, necesariamente se reflejarán en el vértice de la misma.
Es necesario pues construir la forma de sociedad que nunca hemos tenido, restaurar las rupturas en el tejido de las relaciones sociales, y establecer los vasos comunicantes entre personas, grupos y sectores que la conforman. Fortalecer los procesos educativos en materia cívica y política, contribuir a crear la conciencia de que la participación es un deber más que un derecho, y consolidar la idea de que todos somos responsables de la situación política y social del país.
Es imprescindible identificar o establecer los valores que conforman o deben conformar el plano de coincidencias mínimas y el común denominador que compartimos, o debemos compartir, en medio de nuestras diferencias y contradicciones; es preciso establecer las finalidades y objetivos y los medios para alcanzarlos, en el aspecto político, económico, institucional y social. Es necesario precisar la sociedad que queremos construir tanto en sus alcances generales como particulares, lo que queremos y debemos hacer, sea en el mediano y largo plazo como a lo inmediato, estableciendo una adecuada correlación entre lo general y lo particular.
Por ello es necesaria la identificación de un conjunto de valores y fines jurídicos, éticos y políticos, para cuya realización deben establecerse los medios, planes y programas requeridos.
Entre ellos cabría mencionar fines y valores de naturaleza institucional, como la subordinación del poder a la ley, la independencia de poderes; la jerarquía de la norma jurídica; la supremacía de la Constitución; y de manera inmediata, la recomposición del sistema electoral y la calidad y competencia de los funcionarios que lo integran.
Es importante señalar además, los objetivos que de forma más específica están referidos al respeto y fortalecimiento de los derechos fundamentales de la persona y el ciudadano, el respeto a los derechos humanos y a los derechos de los diferentes grupos y sectores sociales.
También habría que hacer mención de aquellos otros de carácter social, como el establecimiento del fin social de todo proyecto económico; el desarrollo humano sostenible; la seguridad jurídica; el respeto a los derechos de los diferentes sectores y grupos; el ejercicio del derecho de las mayorías, sin vulnerar el de las minorías; la equidad de género; y la priorización de la educación y la salud.
Todos estos aspectos institucionales, políticos, económicos y sociales, podrían constituir fines y objetivos de un proyecto por consenso capaz de unir a la sociedad, de exigir al Gobierno y, en general al Estado, su obligación de actuar realmente en la búsqueda del bien colectivo, por encima de intereses personales, partidarios o de grupos, y de establecer, en todas las circunstancias, los cauces de una relación coherente y constructiva. Se trata de fortalecer en lo concreto los mecanismos de representación y participación, lo que requiere la construcción del contrato social que exprese el acuerdo sobre estos y otros puntos fundamentales. El contrato social, entendido en esta forma, sería el punto de partida del surgimiento de la nueva sociedad y del Derecho y el Estado que la expresen y la representen.
Hasta el momento el proyecto de nación sigue ausente del ejercicio político general; falta la propuesta de país que permita unificar la sociedad fragmentada y establecer la capilaridad o sistema de vasos comunicantes entre las personas, la sociedad, los partidos políticos y el Estado. Es necesario construir este proyecto para poder establecer las condiciones que eviten la repetición de las experiencias negativas y abran un horizonte nuevo de posibilidades y realidades históricas y políticas.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
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