Elízabeth Romero Saúl Martínez
[/doap_box][doap_box title=»Tregua de 11 días» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
Esto ocurrió después de haber iniciado la tregua de 11 días, establecida para buscar un arreglo entre la comisión de la Asociación de Enfermos de la Creatinina, con el alcalde sandinista Víctor Sevilla y el viceministro de Gobernación, Carlos Nájar.
Rigoberto Castillo, uno de los dirigentes de la protesta, señaló que despejaron la entrada al reparto Nuestra Señora de Candelaria, donde habían sido levantados adoquines, mientras empiezan a abrir los restaurantes y bares que el fin de semana cerraron sus puertas en el sector Las Palmeras.
“Se ha hecho máximos esfuerzos para los enfermos que tienen toda la razón”, mencionó en breves declaraciones el alcalde sandinista Víctor Sevilla al salir de la reunión con la comisión de demandantes.En tanto, Nájar evitó brindar declaraciones.
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“¡Lamentable, triste, indignante lo ocurrido en Chichigalpa! ¡Una vida humana vale más que todo el mundo”, fue el comentario que hizo sobre los resultados de los disturbios ocurridos el pasado fin de semana en esa localidad, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, a través de su cuenta de twiter @silviojbaez.
En Chinandega existe hermetismo en relación con los agentes detenidos, mientras los afectados de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) brindaron a los investigadores de la División de Asuntos Internos las características del policía de la delegación local a quien le atribuyen los disparos que segaron la vida de Juan de Dios Cortés, y que mantiene en estado crítico al menor José Ignacio Valladares.
En Managua el vocero policial ofreció a primeras horas del día de ayer indagar los resultados de la investigación a los uniformados suspendidos, pero posteriormente no contestó las llamadas telefónicas.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, quien investigó en el lugar lo ocurrido, considera que si en realidad los oficiales fueron detenidos el domingo como en su momento informó la Policía, esa institución debió ponerlos a las órdenes de las autoridades correspondientes, pues ayer se cumplió el término de las 48 horas.
No obstante, Carrión señaló que la responsabilidad por los disturbios del sábado en Chichigalpa no es solo de los siete patrulleros que supuestamente fueron suspendidos al iniciar las investigaciones, sino de quienes ordenaron la represión, que a su criterio, es a más alto nivel.
Sobre todo, indicó Carrión, si se toma en cuenta la promesa que hizo el presidente inconstitucional Daniel Ortega, al iniciar su segundo período de gobierno, que no habría más represión al pueblo.
Recordó Carrión que en esa misma localidad ya hay antecedentes de hechos similares, que también han dejado un saldo sangriento sin que la Policía los haya esclarecido totalmente. El defensor de derechos humanos criticó que en esa zona haya una historia de violencia que no ha sido atendida adecuadamente.
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