Elízabeth Romero y Saúl Martínez
Mientras el niño José Ignacio Valladares Méndez, de 13 años, se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Antonio Lenín Fonseca, los excañeros que protestaban en Chichigalpa el fin de semana, recuerdan el exceso de fuerza con que la Policía los reprimió el pasado sábado.
A los gases lacrimógenos lanzados la noche del sábado por los policías en las inmediaciones del barrio Candelaria, siguieron balas de goma y plomo.
Después hubo persecución de los antimotines que ingresaron violentamente a casas vecinas, donde golpearon y detuvieron a varios de los lugareños.
La reacción de los pobladores fue tirar piedras. “Y ellos ¿qué tiraron? balazos, fuego”, refirió Martha Mercado Cruz, quien convivió cinco años con el ahora occiso, Juan de Dios Cortés.
El relato lo hizo Mercado ante un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), encabezado por su director jurídico, Gonzalo Carrión.
En el acuerdo firmado el 11 de enero la comisión gubernamental, prometió elevar el planteamiento de los demandantes “al más alto nivel gubernamental”. Los demandantes se comprometían a suspender los cierres de vía. La tregua concluía el 18 de enero.
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Mercado fue testigo de los incidentes violentos donde perdió la vida Cortés, un enfermo de insuficiencia renal crónica, cuyos restos mortales fueron sepultados ayer en el cementerio de Chichigalpa, inexplicablemente acompañados por un grupo de mariachis, enviados, según Mercado, por el alcalde de esa localidad y que causó el reproche de la denunciante.
“¡Ay! ya me dieron”, recuerda la mujer que fueron las últimas palabras de Cortés, quien criticó: “Ninguna autoridad tienen derecho a matar a ningún humano”.
Rigoberto Castillo, uno de los representantes de una de las organizaciones de enfermos con insuficiencia renal crónica, relató que los uniformados “entraron de forma brusca”, cuando aseguró no había necesidad “de esa fuerza descomunal”.
En el lugar, varios de los golpeados mostraron al equipo del Cenidh las huellas provocadas por las golpizas propinadas por los policías y por las balas de goma. Y criticaron que los agentes no respetaron que quienes habían retrocedido a las inmediaciones del barrio Candelaria eran mujeres, hombres mayores y enfermos. Y señalan a un policía local como el autor de los disparos “a mansalva” efectuados en tres ocasiones con su pistola de reglamento con la que impactó a Cortés y al niño José Ignacio Valladares Méndez. Según Castillo, debido al balazo, la masa encefálica del menor quedó expuesta.
Las autoridades del Hospital Antonio Lenín Fonseca confirmaron al abogado del Cenidh, Carlos Guadamuz, que el menor estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos, sometido a múltiples valoraciones médicas. Según dijo, las autoridades médicas informaron que el niño estaba conectado a una máquina. Al mediodía de ayer el viceministro de Gobernación, Carlos Nájar, llegó a ese municipio a buscar acercamiento con los reclamantes, pero no fue posible.
La ciudad estaba en calma, pero la tensión continuaba en la zona sur con los grupos de reclamantes al fondo de la entrada del reparto, mientras los antimotines resguardaban el Juzgado Local Único que fue dañado por los jóvenes que cortaron con machetes varias ramas y arbolitos de jardines de casas vecinas.
La jueza Flor de María Noguera explicó que hubo daños en la casa de justicia, mientras ocurrían los enfrentamientos entre los que protestaban y las fuerzas especiales a media cuadra del sitio. Según la judicial hubo “claras intenciones de quemar el juzgado”.
Los vándalos quebraron ventanas, y movieron los muebles del sitio para las audiencias. A su vez, dañaron dos computadoras, robaron una computadora portátil y dos impresoras. Los daños suman 120 mil córdobas. En el juzgado no hay atención hasta nuevo aviso.
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