El pasado jueves 16 de enero corriente comenzó la campaña electoral en la costa Caribe de Nicaragua, para las elecciones regionales que tendrán lugar el próximo 2 de marzo. Ese día, alrededor de 353 mil ciudadanos costeños que tienen derecho a ejercer el sufragio y cuentan con su documento público de identificación, podrán ir a votar para elegir a los 45 miembros de cada uno de los dos Consejos Regionales Autónomos del Caribe.
Participan en esta campaña electoral regional las alianzas del FSLN y el PLI, así como el PLC y otros pequeños partidos y movimientos políticos, los cuales inscribieron en total a 768 candidatos —389 varones y 379 mujeres— a ocupar los 90 puestos disponibles. Pero esta es una campaña electoral que ha comenzado “apagada”, según los reportes de los corresponsales de LA PRENSA en las dos regiones caribeñas. Lo cual es comprensible, considerando que la oposición ha denunciado que no hay garantías de que las elecciones del 2 de marzo serán transparentes. Si la oposición no cree que el voto será respetado y contado honradamente, es lógico que los ciudadanos costeños opositores e independientes se muestren por lo menos apáticos.
Con frecuencia se dice que lo más importante de la democracia no son las elecciones. Sin embargo, sin elecciones limpias, justas y competitivas no puede haber democracia ni nada de lo que esta conlleva. La democracia implica la existencia y eficacia de instituciones como el Estado de Derecho, la separación de poderes, la justicia independiente, la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad, la vigencia de los derechos humanos, la ejecución de políticas sociales de beneficio popular, etc. Pero nada de eso es posible si de previo los ciudadanos no tienen la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes y representantes, y de renovarlos regularmente en los plazos establecidos por la ley.
Este es el caso de Nicaragua, donde desde el año 2007 no hay elecciones libres y limpias y las instituciones democráticas no existen o han sido gravemente socavadas. Cada una de las votaciones —municipales, regionales y nacionales—, que se han realizado en el país desde que Daniel Ortega recuperó el poder y comenzó a imponer su nueva dictadura, han sido fraudulentas según las denuncias probadas de la oposición. Inclusive, misiones extranjeras de observación electoral han señalado múltiples “irregularidades” y sugerido cambios en el sistema electoral, para que no se repitan en lo sucesivo. Pero ninguna de esas recomendaciones ha sido atendida por el régimen orteguista, que más bien ha perfeccionado la maquinaria electoral más fraudulenta y corrupta que se ha conocido en toda la historia nacional.
Si Daniel Ortega quería desacreditar las elecciones como condición esencial de la democracia y mecanismo fundamental de participación ciudadana, sin duda que lo ha conseguido. A estas alturas muchísimos ciudadanos nicaragüenses han perdido la confianza en las elecciones y, por ende, en la democracia y sus instituciones fundamentales. Pero tampoco tienen otras opciones, ni las encuentran, ni les interesa tenerlas por ahora y se someten con pasividad y resignación a la nueva dictadura. Esta es la penosa realidad de Nicaragua.
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