Gloria Picón Duarte
La historia se repite. Las condiciones en que se está llevando a cabo el proceso electoral que se celebrará el 2 de marzo en la costa Caribe son prácticamente las mismas en que se llevaron a cabo los comicios anteriores en el 2010. Vielka Vega ha padecido en carne propia los atropellos del sistema electoral que empañan las elecciones caribeñas.
Vega fue nombrada suplente del presidente del Consejo Electoral Regional (CER) de la Región Autónoma del Atlántico Sur, y a raíz de la renuncia del presidente el pasado 2 de diciembre, debió ser nombrada como presidenta y hacerse cargo del trabajo en dicha institución. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral no la ha nombrado y los miembros del Frente Sandinista manejan el CER a su antojo.
Un informe de las elecciones del 2010, hecho por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), concluye que dichos comicios fueron unas elecciones poco transparentes, empañadas por una desigual distribución en la composición de los órganos electorales (CER, CEM, JRV), cedulación partidarizada, falta de transparencia en la información oficial, la no acreditación de observadores nacionales y por no contar con un árbitro confiable e imparcial para todos los actores políticos, situación que se mantiene para el proceso actual.
Vega afirma que la cedulación en la RAAS ha estado en manos de los secretarios políticos del Frente Sandinista y que a ella no se le ha permitido tener acceso a documentación para ver como va la entrega de las cédulas en las comunidades.
Se ha pedido el nombramiento de magistrados del CSE con plena independencia. Sin embargo, no solo se mantiene la partidarización, sino que desde mediados del 2010 los funcionarios del poder electoral ejercen sus funciones de facto.
También se ha propuesto realizar reformas básicas a la Ley Electoral y en el 2012 hubo una reforma, pero básicamente solo consistió en triplicar el número de concejales en las municipalidades y establecer que el 50 por ciento de los cargos de elección serán ocupados por mujeres .
También se ha sugerido crear un Instituto de Cedulación, pero se alega falta de dinero.
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Además, asegura que el martes pasado la hicieron venir a Managua para su nombramiento como presidenta, pero cuando llegó le dijeron que el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, estaba en el extranjero.
Sin confianza
“Esto es burro amarrado contra tigre suelto”, dice Osorno Coleman, presidente del Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya Nani (Myatamaran), quien luego agrega que con toda la desconfianza participan en los comicios regionales, ya que están claros que los militantes del Frente Sandinista actúan como miembros del CSE y eso se puede ver en la entrega de cédulas.
“Las reglas son las mismas. Participar es un riesgo para nosotros, pero vamos a participar, pero sin confianza, porque son los mismos funcionarios, la entrega y la tramitación de cédulas es parcializada, los militantes del Frente (Sandinista) cedulan de noche, llegan a las casas de los simpatizantes ofreciendo cédulas como que es algo que le corresponde al partido y no al CSE. Además no hay observadores y no se han convocado, la única media garantía que tenemos son los fiscales que vamos a tener”, reclama.
En el mismo informe del Ipade, correspondiente al 2010, se señaló que si bien los resultados generales no fueron fraudulentos sí hubo serias irregularidades en cuatro circunscripciones electorales de la RAAS, en donde los cambios ilegales realizados por el CER fueron indebidamente ratificados por el CSE y como consecuencia despojaron de cuatro escaños al Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Cabe señalar que en los comicios nacionales del 2011 una de las irregularidades que documentaron los organismos de observación nacional e internacional, así como los partidos políticos, fue la expulsión injustificada de un veinte por ciento de los fiscales de los partidos políticos de oposición al gobierno en los Centros de Votación. Sin embargo, Coleman considera que esa situación no pasará en el Caribe.
“Tienen que aceptar (a los fiscales), si no aquí va a haber problemas. Aquí no es el Pacífico, es la Costa Atlántica. Nuestros fiscales por ley tienen que estar ahí, pero si ellos por la fuerza y las arbitrariedades que cometen los sacan, nosotros vamos a levantarnos también. Tenemos gente organizada, ¿por qué no van a permitir a los fiscales hacer su trabajo en las Juntas? Si ellos no lo permiten, ahí va a haber problemas”, advierte.
Coleman y Vega coinciden en que es indispensable que los organismos de observación nacional se presenten a documentar lo que ocurre en el proceso electoral, aún cuando el CSE no los acredite como ha ocurrido en elecciones anteriores.
Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los organismos de observación electoral que tradicionalmente participan en los procesos se ha manifestado al respecto.
“Es de suma urgencia que vengan a observar las elecciones, que los medios estén al tanto, porque no se está marchando bien”, dice Vega.
Se ha pedido el nombramiento de magistrados del CSE con plena independencia. Sin embargo, no solo se mantiene la partidarización, sino que desde mediados del 2010 los funcionarios del poder electoral ejercen sus funciones de facto. También se ha propuesto realizar reformas básicas a la Ley Electoral y en el 2012 hubo una reforma, pero básicamente solo consistió en triplicar el número de concejales en las municipalidades y establecer que el 50 por ciento de los cargos de elección serán ocupados por mujeres . También se ha sugerido crear un Instituto de Cedulación, pero se alega falta de dinero.
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