José Velázquez Escobar
Si hay algo que el intenso debate sobre la reforma migratoria a lo largo del año 2013 dejó despejado es que la única versión con posibilidad de aprobación en el Congreso y convertirse en ley en el 2014 es una que excluye el camino a la ciudadanía para los más de once millones de indocumentados y que simultáneamente fortalece más aun el control fronterizo.
Dada la aproximación de trascendentales elecciones parlamentarias en donde se pone en juego el control de las dos cámaras, cualquier otro intento solo servirá para prolongar indefinidamente la actual crisis migratoria y el calvario de millones de indocumentados ansiosos de poder integrarse productiva y legalmente en la sociedad estadounidense.
Recientes encuestas revelan que ante la imposibilidad de lograr un consenso entre republicanos y demócratas, una reforma sin ciudadanía, pero con derecho a vivir y trabajar es pragmáticamente admisible para la mayoría de la población indocumentada y tolerable para ambos partidos, sobre todo el republicano.
Conveniencias políticas en ambas fuerzas políticas obliga a aceptar soluciones que si bien no satisfacen plenamente sus fundamentos ideológicos permitirían ponerle fin a una insostenible condición de esos once millones de indocumentados.
Equivaldría en esencia a una de dos inéditas posibilidades: o a una versión permanente y universal del programa “Temporary Protection Status” o TPS como es más conocido, o una residencia permanente (Green Card) sin derecho a ciudadanía.
La versión universal de un TPS, dado que no posibilita la obtención de residencia permanente ni mucho menos la ciudadanía, es seguramente la opción política que encontraría menos resistencia republicana. En el caso de una residencia permanente, considerando también que no incluiría el paso hacia la ciudadanía su aprobación encontraría mucho menos rechazo que la “green card” tradicional.
Para los indocumentados, forzados a emigrar en su gran mayoría por razones puramente económicas, el obtener la ciudadanía estadounidense es sin duda un privilegio y beneficio bienvenido, pero no indispensable para la consecución de sus objetivos.
Para muchos, la decisión de dejar atrás a su familia y a su país representa tan solo un sacrificio temporal a cambio de oportunidades de trabajo que les permita proporcionar mejor educación, alimentación y techo decente para su descendencia.
Una vez alcanzados, buena parte de esa población ansía regresar a su tierra natal escapando de un ambiente generalmente discriminatorio, además de cultural y socialmente difícil de asimilar. Para el partido demócrata, si bien cualquiera de estas opciones al excluir la ciudadanía representa la pérdida sustancial de un objetivo y oportunismo político hábilmente disimulado —un eventual bloque potencial de votos mayoritariamente demócrata— ambas opciones serían consistentes con su tradicional visión política de defensa a los menos favorecidos y a la clase media reforzando por consiguiente el apoyo de su tradicional base electoral.
Para el partido republicano tanto el TPS ampliado como la residencia sin derecho a ciudadanía son soluciones políticamente digeribles que posiblemente le permitirían recuperar parte del decisivo voto hispano bruscamente perdido en la desastrosa campaña presidencial del 2012.
Difícilmente podrían justificar un rechazo a cualquiera de las opciones puesto que en ambas se eliminaría una o quizás la principal objeción a aprobar una reforma migratoria. Oponerse equivaldría a continuar el suicidio político iniciado por sus sectores más radicales e imposibilitaría detener la avalancha de votos que el partido demócrata está conquistando en los sectores minoritarios, principalmente del voto hispano.
El momento para todos los involucrados de actuar pragmáticamente en búsqueda de una solución migratoria políticamente realizable es ahora. Continuar insistiendo en una solución ideal es improcedente, ingenuo e inhumano y le niega a millones de personas la posibilidad de escapar de una vida llena de discriminación y peligro.
El autor fue cónsul de Nicaragua en Miami.
