La reducción del horario estatal

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) criticó la decisión del Gobierno de reducir el horario laboral en el Estado, por considerar que atenta contra el esfuerzo de interés nacional por mejorar la competitividad económica del país.

A principios de esta semana, el Gobierno informó por medio de un lacónico comunicado publicado en una página web oficialista, que el nuevo horario de trabajo de la burocracia será de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, supuestamente con la intención de ahorrar energía eléctrica. Sin embargo, según los empresarios privados independientes, aunque fuera cierto que trabajando menos en el Estado se reduce el gasto de electricidad, tal ahorro no compensa el daño que se causa la economía al incrementar los costos de operación de las empresas y dificultar más los negocios, en vez de facilitarlos, como se necesita y aconseja el buen juicio económico, político y gubernamental.

Pero no es la primera vez que el régimen orteguista decide, sin consultar a los empresarios ni a nadie, reducir el horario laboral del Estado. Desde 2007 hasta abril del año pasado, la burocracia trabajó con el mismo horario reducido que ahora se vuelve a imponer, y entonces igual que ahora la medida se justificó con la explicación de que era para reducir el gasto de energía eléctrica. Sin embargo el derroche de energía continuó y el Gobierno ni siquiera quiso informar cuánto fue lo que supuestamente se ahorró, de manera que la impresión que quedó fue que nada o muy poco se había ahorrado, y que en todo caso fue mayor el daño que se causó a la empresa privada independiente.

En aquella ocasión los empresarios se quejaron de que el horario laboral reducido en el Estado, había obstaculizado los procesos que se tramitan en las diversas instituciones estatales para hacer negocios y por lo tanto aumentó los costos operativos. Lo cual fue reforzado por economistas independientes, quienes estimaron al cálculo que el recorte del tiempo laboral en el Estado había tenido un alto costo para la competitividad del país, pues ni siquiera se pudo hacer un balance de costos y beneficios porque el Gobierno no informó cuál fue el ahorro de energía que supuestamente se pudo obtener.

Para algunas personas es inexplicable que Daniel Ortega, siendo ahora un acaudalado hombre de empresas no pueda comprender que medidas gubernamentales como la que comentamos perjudican a la economía en general y a las empresas en lo particular. Pero es que las empresas de la familia Ortega Murillo y de los capitalistas “amigos” que medran a su alrededor, no son perjudicadas por medidas gubernamentales que sí perjudican a los empresarios independientes, puesto que operan con toda clase de ventajas, practican la competencia desleal al amparo del poder estatal y por lo tanto no son afectados por los trámites estatales, por muy engorrosos que sean.

Seguramente que a Ortega no le interesa el buen funcionamiento y la prosperidad de las empresas privadas independientes. Él apuesta más bien a sustituirlas, a mediano y largo plazo, con empresas capitalistas de Estado, paraestatales, familiares y del “capitalismo de amigos” que es propio de los regímenes populistas autoritarios.

Finalmente el Gobierno rectificó debido a la presión ejercida por el Cosep.

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