El 26 de diciembre recién pasado, el diputado y dirigente sindical gobiernista, Gustavo Porras, dio a conocer los aspectos principales de la reforma del Seguro Social pactada por el Gobierno con las cúpulas de la empresa privada y del sindicalismo oficialista.
Esta reforma del INSS, que ha sido dictada por vía reglamentaria y no de una reforma de la Ley de Seguridad Social, consiste básicamente en: 1) Incrementar el aporte patronal en tres por ciento, que se aplicará gradualmente del 2014 al 2017; 2) elevar el techo salarial para la contribución laboral obligatoria al Seguro Social; 3) cambiar el cálculo para la asignación de pensiones, que ya no será a base del salario mínimo sino del sueldo promedio; y, 4) mantener el máximo de las pensiones en mil quinientos dólares mensuales, en su equivalente en córdobas.
O sea que la reforma ha sido hecha, al fin y al cabo , para perjudicar a los trabajadores afiliados al INSS, particularmente a los jubilados actuales y futuros, a quienes se les reducirá el monto nominal de sus pensiones, las cuales, dicho sea de paso ya sufrían el deterioro causado por la inflación y la devaluación monetaria. Y queda completamente claro por qué es que la reforma se ha fraguado e impuesto de manera burocrática, a espaldas del pueblo y de los mismos afiliados y jubilados del INSS.
Como si eso fuera poco, algunos representantes de las pequeñas y medianas empresas advirtieron que el aumento de la cotización patronal será o podría ser trasladado a la población, por medio del incremento de los precios de bienes de consumo y servicios, aunque el presidente del Cosep aclaró que la empresa privada que él representa no va a descargar en la población el aumento del aporte empresarial. En realidad, el aporte patronal al INSS se deduce del Impuesto sobre la Renta, según establece la Ley de Seguridad Social en su artículo 29, de manera que no habría ninguna razón para que se quiera descargar en los consumidores y usuarios el aumento del aporte patronal.
De todas maneras, la reforma del INSS es contraria al espíritu y el propósito de la seguridad social, cuales son procurar el beneficio de los trabajadores y sus familias, jamás perjudicarlos. Con ese fin surgió la seguridad social en el mundo, por primera vez en la Alemania de 1883, bajo el gobierno de Otto von Bismarck, con el nombre de Ley del Seguro de Enfermedad. Y con ese mismo propósito fue creado en Nicaragua el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en 1955, en cumplimiento del artículo 97 de la Constitución de 1950 que fue pactada entre el dictador Anastasio Somoza García y el caudillo conservador, general Emiliano Chamorro Vargas.
De acuerdo con ese espíritu de la seguridad social, toda reforma en este campo debe ser para mejorar los beneficios de los trabajadores afiliados al INSS y sus familiares, no para reducirlos. Sin embargo, la reforma orteguista ha sido tramada para perjudicarlos, con el pretexto de salvar a la institución de una crisis financiera que no fue causada por los trabajadores, ni provocada por las precarias pensiones y servicios que ellos reciben, sino por el saqueo despiadado e inmoral perpetrado por los gobiernos corruptos que se han turnado en el poder, incluyendo al actual.
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