Gloria Picón Duarte
Veinticinco leyes fueron aprobadas en la Asamblea Nacional durante el 2013, las más trascendentales fueron enviadas desde el ejecutivo y durante el proceso de formación de ley no se realizaron las consultas pertinentes y tampoco se buscó el consenso, a pesar de la importancia para la ciudadanía.
El diputado Eliseo Núñez Morales, miembro de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli), asegura que este es el segundo año consecutivo en que se violenta el procedimiento de consultas de las leyes y no se buscó el consenso. Como ejemplo, cita la ley que otorgó la concesión del Gran Canal Interoceánico al empresario chino Wang Jing y las reformas que se hicieron en primera legislatura a la Constitución Política.
“A pesar de que se hicieron ciertas consultas, no se abrieron a la población como manda el proceso legislativo. El Gobierno busca consenso en ciertas cosas, como los préstamos de organismos internacionales y convenios, pero para las leyes que cambian la cara del país no buscaron ni el consenso ni consultaron”, subraya Núñez Morales.
Durante el cierre del año legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, calificó como positivo el trabajo que se realizó durante el año e incluso aseguró que hubo avances en acercar la Asamblea a la población y a la población al parlamento.
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A criterio de Núñez Téllez, de las 25 leyes aprobadas las más importantes fueron la Ley de Turismo Rural Sostenible, Ley Especial para Atención a los Excombatientes, Ley de Protección de Derechos a los Consumidores y Usuarios, Ley de Donación y Trasplante de Órganos. Ley General de Puertos. También, la Ley Especial que otorgó la concesión del Gran Canal, Ley que regula la ubicación de antenas, Ley de reforma a la ley contra la violencia hacia las mujeres y la Ley de desarrollo de la caficultura, además de la aprobación en primera legislativa de las reformas a la Constitución.
Sin embargo, en cuanto a Ley de consumidores y usuarios, ya antes de su entrada en vigencia se hablaba de una reforma, porque según Núñez Morales esta solo fue consultada con el empresariado y no con los ciudadanos. Algo similar también ocurrió con la Ley de Escáneres que la aplanadora sandinista (de 63 diputados) aprobó sin llegar a consenso con el empresariado y actualmente se está analizando la posibilidad de una reforma.
¿SERÁ IGUAL CON REFORMAS CONSTITUCIONALES?
Durante el proceso de consulta de la reforma a la Constitución Política, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo que esperaba que los aportes que estaban haciendo se tomaran en cuenta para que no se tuviera que buscar solución posteriormente como en otros casos.
“A posteriori se tuvo que negociar una reforma a la Ley de Escáneres, y a posteriori se tuvo que crear una Comisión Técnica, en la que ya participa el sector privado en el tema del Canal. Creemos que aquí tenemos la oportunidad de que sea a priori, y no a posteriori, cuando podamos llegar al momento en que se tomen en cuenta los planteamientos que hicimos”, sugirió Aguerri.
Finalmente, los diputados sandinistas hicieron algunos cambios al dictamen de la Constitución, pero mantuvieron los puntos torales que preocupan a miembros de la sociedad civil y a opositores, como el establecimiento de la reelección presidencial indefinida y la inclusión de militares en cargos públicos.
A criterio del asesor jurídico legislativo Oscar Carrión Orozco, el oficialismo está ejecutando un mecanismo irregular que consiste en “precocer las leyes, ya sea con la cúpula empresarial o solo las mandan para que le den trámite sin tomar en cuenta una seria, profunda y exhaustiva revisión y consulta con los sectores relacionados, lo cual además de constituir una violación a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional y a la Constitución Política de la República, desnaturaliza la función parlamentaria.
PREDOMINA imposición
Carrión Orozco asegura que desde el punto de vista oficialista el balance de la producción legislativa del año 2013 resulta altamente positivo, porque han logrado con su aplanadora aprobar leyes trascendentales y de relevancia para el país y también cita como ejemplo la concesión del Gran Canal, que para “los opositores y buena parte de la sociedad significa el mayor latrocinio, entreguismo de soberanía y la más brutal agresión al marco constitucional”, criticó.
Sin embargo, califica como muy deficiente e insuficiente la gestión legislativa y atribuye los resultados al centralismo que ejerce la aplanadora oficialista en la junta directiva del parlamento, en el plenario y en las diferentes comisiones.
Según Carrión, otro factor secundario es la falta de gestión legislativa más amplia, más estratégica, más oportuna y mejor planificada de parte de los opositores, aunque reconoce que en parte “no han dejado de dar cierta batalla”.
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