Tegucigalpa/ACAN-EFE
Otra preocupación es el futuro de su economía, después de que el Parlamento aprobó el 21 de diciembre la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, para superar la crisis fiscal inédita.
La ley contempla aumentar del 12 al 15 por ciento el Impuesto sobre Ventas (ISV), nuevos gravámenes o elevar algunos ya vigentes para productos y servicios, además de suprimir o limitar exoneraciones, entre otros.
El director del Foro Social de Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz, ha dicho que esas medidas “deprimirán más” la economía hondureña y provocarán “una caída aún mayor de la calidad de vida” de la población.
Para Díaz, los ajustes se aprobaron para que el Gobierno del presidente electo, Juan Orlando Hernández, pueda firmar un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Administración del presidente saliente, Porfirio Lobo, ha enfrentado constantes protestas callejeras de trabajadores públicos por el incumplimiento de pago de salarios y demás beneficios contractuales, derivado de la falta de fondos públicos.
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Los hondureños despedirán el 2013 acosados por la pobreza, que afecta al 70 por ciento de la población, y una ola de criminalidad derivada del narcotráfico, lo que muchos achacan a la falta de más voluntad política para combatir y reducir estos flagelos.
El “problema más serio” que afronta ahora Honduras es la violencia criminal, que deja a diario un promedio de 20 asesinatos, coinciden fuentes oficiales y organizaciones no gubernamentales. “Mientras la medida mundial de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 6,5, nosotros en Honduras todavía superamos 80, con esto no se ve en el futuro inmediato que se estén tomando decisiones correctas para solucionar el problema de la inseguridad”, subrayó el analista político Raúl Pineda.
ALTA IMPUNIDAD
Para Pineda, Honduras “no tiene la capacidad” para combatir la violencia criminal derivada del narcotráfico, el crimen organizado y la impunidad que prevalece en el país, fenómenos sociales cuyo “fin se ve lejano”. Las mismas autoridades hondureñas han reconocido la poca capacidad del país para investigar los homicidios, que en un 80 por ciento quedan impunes.
POLICÍA MILITARIZADA
El Parlamento aprobó el 22 de agosto la creación de una Policía Militar del Orden Público (PMOP), compuesta por unos 5.000 hombres, con el fin de reducir la violencia. Muchas voces se levantaron en contra de la iniciativa, que fue calificada como una militarización peligrosa de la seguridad pública, y la atribuyeron a un desconocimiento y demagogia del Gobierno del presidente, Porfirio Lobo.
El coordinador del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Juan Almendarez, subraya que hace “falta más voluntad política” para solventar estos problemas sociales. “No solo ha habido falta de voluntad política, sino que ha faltado voluntad para reaccionar ante las políticas internacionales de dominación“, indicó.
A juicio de Almendarez, la violencia es vista “como un problema que no tiene solución, por lo que esta crece pero también crecen los gastos militares, policiales y la impunidad”.
Un informe del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) señaló que Honduras gasta el 10 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en seguridad, uno de los porcentajes más altos de la región.
Otra preocupación es el futuro de su economía, después de que el Parlamento aprobó el 21 de diciembre la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, para superar la crisis fiscal inédita. La ley contempla aumentar del 12 al 15 por ciento el Impuesto sobre Ventas (ISV), nuevos gravámenes o elevar algunos ya vigentes para productos y servicios, además de suprimir o limitar exoneraciones, entre otros. El director del Foro Social de Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz, ha dicho que esas medidas “deprimirán más” la economía hondureña y provocarán “una caída aún mayor de la calidad de vida” de la población. Para Díaz, los ajustes se aprobaron para que el Gobierno del presidente electo, Juan Orlando Hernández, pueda firmar un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Administración del presidente saliente, Porfirio Lobo, ha enfrentado constantes protestas callejeras de trabajadores públicos por el incumplimiento de pago de salarios y demás beneficios contractuales, derivado de la falta de fondos públicos.
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