La Asamblea Nacional Popular (ANP), el máximo órgano legislativo de China, aprobó ayer el fin de los controvertidos campos de reeducación y la relajación de la no menos criticada política del hijo único. Las decisiones fueron tomadas en la última reunión del año, tras una semana de deliberaciones y mes y medio después de que el Partido Comunista de China (PCCh) prometiera estas y otras reformas sociales y económicas.
1,300 millones de habitantes es la población actual del país. El régimen comunista argumenta que si la política del hijo único no se hubiera aplicado, actualmente el país acusaría mayores problemas de superpoblación, pues tendría 1,700 millones de habitantes.
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Respecto a la reforma legal de la política del hijo único, esta permitirá un segundo vástago a las familias en las que uno de los cónyuges carezca de hermanos (antes esta excepción solo se ofrecía si tanto el padre como la madre cumplían el requisito). La resolución establece que ahora está en manos de las asambleas provinciales chinas la puesta en práctica de la nueva política, ya que la aplicación de esta varía según cada división administrativa.
La política del hijo único inició a finales de los años setenta y principios de los ochenta para frenar la superpoblación, pero expertos y legisladores han abogado por su relajación por problemas como el rápido envejecimiento poblacional o la escasez de mano de obra.
CAMPOS DE REEDUCACIÓN
El sistema de campos de reeducación (“laojiao”) fue instaurado en 1957, por el régimen liderado por Mao Zedong, como un sistema para posibilitar castigos rápidos a delincuentes menores y ordenar privaciones de libertad de hasta cuatro años sin necesidad de sentencia judicial. Estos campos son abolidos “tras cumplir su misión histórica”, aseguró ayer la agencia oficial Xinhua.
La ANP especificó que, una vez promulgada la resolución, aquellos que cumplen pena en estos centros serán libres, aunque también subraya que los castigos que fueron impuestos antes de la abolición son “válidos”.
El “laojiao” acabó convirtiéndose en una herramienta política y sirvió por ejemplo para privar de libertad tanto a intelectuales (en las campañas contra “derechistas” de 1957) como a muchos de los estudiantes que participaron en las protestas de Tiananmen de 1989.
Los abusos siguieron en décadas posteriores, y sirvieron como centros de retención contra prostitutas, drogadictos o ludópatas, y como castigo a sujetos “incómodos” para el régimen. Estimaciones de grupos de derechos humanos calculan que hasta 300,000 personas por año fueron confinadas en estos centros, muchos de ellos secretos.
Amnistía Internacional, con una larga historia de críticas al “laojiao”, teme que tras la reforma solo cambie la apariencia de estos campos y se mantengan los trabajos forzados contra disidentes o activistas sociales.
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