El Ministerio Público acusó a 46 personas procedentes de Carazo, Rivas, San Juan del Sur, Managua y Honduras, pero solo han capturado a 29, que son los procesados. LA PRENSA / M. VALENZUELA

Juez implacable en juicio a narcos

El juez Edgar Altamirano eliminó más del 60 por ciento de la prueba ofrecida por las defensas de los procesados en el caso Operación Sur Uno, a petición del Ministerio Público, ayer durante la audiencia preparatoria a juicio en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua.

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De acuerdo a la acusación del Ministerio Público los procesados en el caso conocido como Operación Sur Uno apoyaban con logística a narcotraficantes extranjeros durante su paso por Nicaragua. Daban servicio de transporte, custodia, almacenamiento, aprovisionamiento de medios (lanchas, vehículos con compartimentos ocultos), compra y venta de droga. Además realizaban tumbo (robo) de droga a las diferentes estructuras. Eran seis grupos que operaban en Rivas, Granada, Carazo, San Juan del Sur y Managua.

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Martha Vásquez

El juez Edgar Altamirano eliminó más del 60 por ciento de la prueba ofrecida por las defensas de los procesados en el caso Operación Sur Uno, a petición del Ministerio Público, ayer durante la audiencia preparatoria a juicio en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua.

Entre las pruebas ofrecidas y eliminadas están cartas de buen comportamiento; un documento oficial de no tener antecedentes penales a favor del procesado Junior Guzmán Castellón de origen hondureño, ofrecido por Harland Huete; testificales, constancias de bienes inmuebles, entre otras.

“No es un juicio de moral. Las cartas y constancias de buen comportamiento son impertinentes. Esto es una batalla no nos estemos desgastando en cosas inútiles, ha lugar a la petición del la Fiscalía de eliminar pruebas”, dijo el juez.

A la única que le dejaron casi toda la prueba ofrecida fue a la abogada María Esperanza Peña, de Rivas.

Luego de la audiencia preparatoria el juez inició el juicio para los 29 procesados por crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de droga.

La Fiscalía tenía programado pasar a nueve testigos, entre estos oficiales de policías que participaron en la investigación y detención de los señalados.

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