José Adán Silva
“El artículo 167 de la Constitución Política dice: ‘Los fallos y resoluciones de los Tribunales y Jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”.
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El panorama de los reos del sistema penitenciario del país fue, literalmente, desolador a lo largo del año 2013 y el gran violador de los derechos de los privados de libertad fue el Estado de Nicaragua, principalmente el Ministerio de Gobernación.
Así lo observa el abogado y catedrático Ramón Eugenio Rodríguez, especialista en protección de Derechos Humanos, quien señala que el Estado de Nicaragua podría ser sancionado internacionalmente por la reiteración de abusos a los derechos de las personas privadas de libertad.
Según el análisis de Rodríguez, a Nicaragua en distintos foros internacionales los organismos mundiales de defensa de los Derechos Humanos le vienen advirtiendo sobre los maltratos reiterados del sistema penitenciario a la población penal.
Rodríguez recuerda que en 2008, el Comité de Derechos Humanos, órgano que observa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, le advirtió a Nicaragua que “le preocupan los altos índices de hacinamiento y las malas condiciones que imperan en dichos centros, en particular la insalubridad, escasez de agua potable, insuficiente presupuesto destinado a la alimentación, falta de atención médica, escasez de personal, así como la falta de separación entre acusados y condenados (artículo 10)”.
Además, Rodríguez recordó que en 2009 el Comité contra la Tortura, órgano que observa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ordenó a Nicaragua adoptar medidas inmediatas para mejorar las condiciones carcelarias, consejo que no ha sido acatado por Nicaragua.
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