Leonor Álvarez
La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Phyllis Powers, expresó su “preocupación” por la reforma constitucional, aprobada esta semana por la aplanadora de los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, y señaló particularmente la falta de inclusión de los aportes de distintos sectores consultados.
La diplomática dijo que el documento realizado por un equipo regional de monitoreo y análisis de derechos humanos en Centroamérica fue “muy informativo e interesante, porque lo hicieron organizaciones independientes” que investigan sobre sus propios países. También manifestó que cada persona necesita estudiar cómo “nuestros países están haciendo este asunto de derechos humanos y cada uno de nosotros tenemos problemas y tenemos logros” al respecto.
Aún así este informe destaca que Nicaragua no ha experimentado los mismos niveles de violencia que Guatemala, El Salvador y Honduras.
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“Para nosotros es una preocupación el proceso de consultas que no fueron muy inclusivas”, declaró la embajadora.
Powers no quiso ampliar sus comentarios sobre el tema de la reformas; sin embargo, manifestó que “la democracia debe tener instituciones democráticas, una justicia independiente y un país con democracia y la habilidad de la gente para ser parte de las consultas y participar en sus gobiernos”.
Este martes los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que representan 63 votos en el parlamento, aprobaron la reforma constitucional que permite la reelección continua e indefinida para el presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra, con pequeñas modificaciones a la propuesta original.
Durante el proceso de consulta, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) alertó que la reforma a la Carta Magna “está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica” y expresaron que no era una necesidad modificarla.
Rechazo a las reformas
Otros sectores, entre ellos empresariales y organismos de la sociedad civil, también expresaron su rechazo a la reforma, excepto los sectores afines al oficialismo. La reforma constitucional, que tiene que ser ratificada en una segunda votación en la próxima legislatura para entrar en vigor, concede más poder al Ejecutivo en distintos aspectos, como la potestad para que sus decretos tengan rango de ley y mantener a los funcionarios de todos los poderes del Estado por el tiempo que estime conveniente.
También, la enmienda suprime el artículo 161, numeral 6, el cual establece que para ser magistrado de los Tribunales de Justicia “no” debe “ser militar en servicio activo, o siéndolo, “no haber renunciado por lo menos doce meses antes de la elección”, lo cual implica que los militares activos pueden ocupar cargos como funcionarios.
Ayer que se le preguntó sobre todo esto a la embajadora Powers, ella dijo que dejaría “de comentar mucho, porque este es un asunto interno” de los nicaragüenses.
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