Douglas Marín
San José/ACAN-EFE
Los grandes proyectos de infraestructura, salpicados de dudas e irregularidades, se han convertido en el dolor de cabeza de las autoridades durante las jóvenes relaciones entre Costa Rica y China, las cuales son cada vez más fuertes en el ámbito político y comercial.
Establecidos en el año 2007, los vínculos entre el gigante asiático y el pequeño país centroamericano han derivado en un Tratado de Libre Comercio y numerosos acuerdos de cooperación en distintos ámbitos. Sin embargo, en el sector de infraestructura los proyectos han sido objeto de diversos señalamientos en Costa Rica que van desde el plano ambiental, hasta los verdaderos costos de las obras y su viabilidad financiera.
En la actualidad, el proyecto que enfrenta una polémica es el de una carretera de 107 kilómetros que conecta con los puertos de la provincia de Limón (Caribe), los más importantes del país.
La oposición política ha denunciado que la empresa china Harbour Engineering Company Limited (CHEC), encargada de la obra, se encuentra en una lista negra de organismos internacionales debido incumplimientos contractuales en otros países y que es posible que el costo de la carretera sea muy elevado.
La obra se llevará a cabo con un crédito por 395,7 millones de dólares otorgado por el Banco de Exportación e Importación de China (EXIMBANK), mientras el Gobierno costarricense aportará una partida de 89,9 millones de dólares. Como requisito para el crédito, China exige que la carretera sea construida por una empresa de ese país.
La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, ha dicho que la Asamblea Legislativa, donde se estudia el proyecto, es el mejor lugar para analizar el tema «con la mayor transparencia». «Lo que no podemos hacer es seguir frenando todas las obras de infraestructura que tiene el país porque simple y sencillamente existen sospechas que no se logran nunca confirmar», expresó la mandataria.
Chinchilla ha urgido a los diputados a tomar una decisión para iniciar las obras lo antes posible, pues también generará unos «10,000 empleos que Limón y Costa Rica entera están necesitando». Por su parte, los principales candidatos a la Presidencia para las elecciones de febrero próximo, han pedido al Congreso que no se apruebe la obra hasta que hayan sido revisadas y aclaradas las dudas sobre la empresa.
Este caso se da unos meses después de que se paralizara un proyecto para la construcción de una refinería en Limón, valorada en 1,300 millones de dólares, un proyecto conjunto entre las estatales Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y Corporación Nacional Petrolera de China Internacional (CNPCI).
Esta iniciativa está en un limbo desde junio pasado, cuando la Contraloría General de la República de Costa Rica encontró irregularidades en los estudios de viabilidad y violaciones al contrato. Costa Rica se garantizó una línea de crédito por el 70 % del costo del proyecto (unos 900 millones de dólares) del China Development Bank (CDB), y el restante 30 % estará a cargo, en partes iguales, de RECOPE y la CNPCI.
Este es el proyecto más ambicioso de la relación bilateral y ha enfrentado la oposición de sectores políticos y ambientalistas que lo consideran innecesario, demasiado caro y contrario a las políticas verdes del país que promueven un mayor uso de energías limpias.
La única obra de infraestructura que se logró concretar es el Estadio Nacional de San José, con capacidad para 35,000 aficionados, que construyó una empresa china con una donación de 83 millones de dólares por parte del gobierno asiático.
Los problemas en el ámbito de infraestructura no parecen reproducirse en el resto de la relación, pues ambos países aprobaron sin mayor oposición un tratado de libre comercio y otros acuerdos económicos. Incluso, el expresidente óscar Arias (2006-2010) y la actual mandataria, Laura Chinchilla, visitaron China para fortalecer las relaciones, y recibieron en San José a los mandatarios chinos Hu Jintao, en 2008, y Xi Jinping en 2013.
