AdA a un paso de completarse

La Comisión Europea (CE) considera un “trampolín” para las relaciones entre la Unión Europea (UE) y América Central la entrada en vigor mañana 1 de diciembre del Acuerdo de Asociación (AdA) en Guatemala, que de este modo estará operativo en los seis países de la región que lo firmaron.

EFE

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millones de euros anuales crecerá la economía centroamericana cuando el Acuerdo de Asociación esté operativo en toda la región, según cálculos de la Comisión Europea.

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Guatemala lanzó esta semana un proyecto de integración institucional por medio del cual busca “aprovechar al máximo” las oportunidades que representa para el país el Acuerdo de Asociación (AdA) suscrito entre Centroamérica y la Unión Europea (UE). Gabriel Aguilera, coordinador del Proyecto AdA-Integración, el cual será ejecutado por el Ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores, dijo a corresponsales extranjeros que esa iniciativa tiene como objetivo “maximizar las oportunidades” del acuerdo con la UE en todos sus aspectos.

“El objetivo es facilitar la participación de Guatemala en el acuerdo, así como fortalecer el proceso de integración regional y sensibilizar a la sociedad civil sobre los aspectos positivos y negativos del AdA”, señaló Aguilera.

El proyecto tendrá una duración de 80 meses, con una inversión de 11.6 millones de dólares, de los cuales 9.19 serán aportados por la UE y el resto por el Gobierno guatemalteco.

La iniciativa contempla asistencia técnica, capacitación, entrega de suministros, intercambio de experiencias y realización de estudios específicos, para fortalecer las capacidades de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo, Salud, Ambiente y Agricultura, los cuales están directamente implicados en el cumplimiento del AdA.

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La Comisión Europea (CE) considera un “trampolín” para las relaciones entre la Unión Europea (UE) y América Central la entrada en vigor mañana 1 de diciembre del Acuerdo de Asociación (AdA) en Guatemala, que de este modo estará operativo en los seis países de la región que lo firmaron.

“Es un importante trampolín de nuestras relaciones y allana el camino para una integración verdaderamente estrecha entre la UE y toda Centroamérica”, indicó en un comunicado el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht.

Este Acuerdo de Asociación, el primero que logra la Unión Europea de región a región, compete a Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

A partir del primero de diciembre el pilar comercial del acuerdo estará en vigor en los seis países centroamericanos y en toda la UE, mientras que los otros pilares del acuerdo, el de diálogo político y cooperación, aún deberán ser ratificados por cada uno de los parlamentos nacionales de los 28 para que puedan aplicarse.

De Gucht confió en que la entrada en vigor de la parte comercial del acuerdo también “facilite la integración económica regional de América Central”.

El tratado abrirá los mercados de bienes, licitaciones públicas, servicios e inversiones, y también creará un marco de negocios e inversión “estable”, basado en “normas comerciales fiables y aplicables que, en muchos casos, van más allá de los compromisos que las partes han hecho ante la Organización Mundial del Comercio”, destacó la CE.

El comisario expresó su satisfacción porque todos los países centroamericanos que firmaron el acuerdo de asociación con la UE pueden beneficiarse ahora del mismo.

NICARAGUA FUE PRIMERO

El 25 de junio del año pasado la Unión Europea respaldó oficialmente el acuerdo con los seis países de América Central y este fue firmado en Tegucigalpa el 29 de junio.

Nicaragua fue el primer país en ratificarlo, el 15 de octubre de 2012, incluso antes que el Parlamento Europeo, el cual lo hizo hasta el 11 de diciembre.

El acuerdo se aplica en Honduras, Nicaragua y Panamá desde el pasado 1 de agosto y, en Costa Rica y El Salvador, desde el 1 de octubre de este año.

La entrada en vigor en Guatemala se retrasó hasta que el país hubo concluido todos los procedimientos internos necesarios.

NO SOLO COMERCIO

Bruselas también subrayó que el acuerdo incluye provisiones para la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, así como compromisos para que se implementen de manera eficaz las convenciones internacionales sobre los derechos laborales y la protección medioambiental.

Asimismo, señaló que el pacto prevé la “implicación sistemática” de las organizaciones de la sociedad civil para hacer un seguimiento del cumplimiento de esos compromisos.

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