La última vez que Francisco Javier Herrera, de 50 años, vio pasar por Raití a oficiales de la Policía Nacional, habían transcurrido unos 10 meses. Él es un wihta o juez territorial de 17 comunidades de Los Raudales, en Río Coco.
La falta de presencia policial y las grandes distancias hacia los municipios adonde deben trasladar a los sospechosos de delito dificultan en estas zonas la resolución de problemas vinculados a la seguridad ciudadana. No todos los delitos pueden ser dilucidados por Herrera, como autoridad territorial.
Sin embargo, esto se complica más porque el territorio atendido por Herrera corresponde administrativamente en parte a San José de Bocay y San Andrés de Bocay y otra parte a Waspam, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
“Todos los casos pendientes se han estado acumulando, la gente reclama que no hay justicia. Para aplicar justicia nos trae problema, la mayoría de las veces le toca a la Policía meter la mano”, explica el líder indígena.
Para Herrera —que lleva dos años de servir como wihta territorial en sus comunidades— “hay un grado elevado de inseguridad por falta de autoridad. El Ejército está, pero manifiesta que le corresponde a los policías hacer ese trabajo”.
L os wihtas de unas 80 comunidades de Waspam fueron invitados en octubre pasado a un foro promovido por Wangki Tangni y apoyados por MS ActionAId Denmark, donde expusieron que el alcoholismo y adicción a otras drogas son algunos de los problemas que enfrentan.
El wihta de Santa Clara, Camilo Ramos, resumió que en su comunidad hay pérdida de valores morales y espirituales, lo que lleva al consumo de droga y asaltos en el interior de las familias. Él planteó la necesidad de una subsede policial en las comunidades.
El comisionado Ramón Lewis, segundo jefe de la RAAN, consideró que las comunidades indígenas en la parte nicaragüense son seguras, pero estimó que hay “una incidencia bien negativa” desde el sector de Honduras, pues “en la frontera de aquel lado se mueve el crimen organizado como él quiere” . Y aunque reconoció que los wihtas les piden mayor presencia, para ellos resulta difícil hacerlo porque hay comunidades demasiado alejadas y la institución no cuenta con el presupuesto necesario para combustible.
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A esto le suma que no existen condiciones para aplicar nuevas leyes como la 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres. Y menciona, por ejemplo, que no hay juzgados especializados, pero además las comunidades están alejadas de los municipios y en caso de arrestados las autoridades exigen aplicar el período de 48 horas establecidas por la ley, de lo contrario deben ser liberados.
Para llegar a Waspam, los pobladores de esas comunidades tardan en bote de motor dos días río Coco Abajo, igual distancia deben recorrer para recurrir a las autoridades de San Andrés de Bocay y San José de Bocay, que también los debe administrar en una parte del territorio, pero que en el último caso es más complicado porque, según explicó el wihta territorial, la Alcaldía del lugar no los atiende.
“Eso afecta, porque por la distancia que nos queda los juzgados, prácticamente los delincuentes andarían sueltos todo el tiempo”, manifestó Herrera, quien debe atender los casos que no están en la esfera de atención de los wihtas comunales.
Y a la Policía él debe llevar casos de violaciones sexuales, tráfico de droga en mayores cantidades, abigeato y violencia contra la mujer.
A diferencia de las otras comunidades del Wangki, dijo, no existe la cultura del pago por un delito. Pero sí lo hacen por casos como una lesión leve, la cual no debe pasar de dos puntadas y se paga, según la costumbre, lo que determine la parte afectada.
“En mi caso eso no lo veo correcto cobrar por una lesión, violación, abigeato, robo en cantidades, tienen que aplicar las leyes nacionales”, expresó Herrera.
COBRAN MUERTE POR MUERTE
Sin embargo, la jefa de la Comisaría de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), comisionada Carmen Poveda, afirmó que sí hay sitios donde los comunitarios cobran. Por ejemplo, “si usted lesiona a una persona le lesionan (a usted como autora) a otro familiar, para ellos es resarcir el daño, para ellos lo ven normal, para nosotros que impartimos la justicia no”.
Lo que hace la Policía es explicarles a los indígenas que ese tipo de pago “en ningún lugar está escrito y que eso es un delito (…) y cuando nadie quiere poner denuncia porque quieren resarcir el daño por esa vía, nosotros lo llevamos por oficio”.
Esto lo hacen sobre todo en hechos delictivos considerados de relevancia como la violencia sexual, homicidios, asesinato y femicidio, pues la autoridad los considera hechos “que no se pueden mediar por ningún lado, ni con cultura ni con nada. Se respeta la cultura de ellos; pero en ese sentido no, porque nosotros tenemos que investigar los casos, por oficio”, manifestó Poveda.
La jefa policial refirió que ante este problema lo que hacen es hacer conciencia con los lugareños, pues “ya hemos tenido hasta cinco personas muertas por un mismo caso, porque es una misma cadena de venganza, esas cosas son las que tenemos que trabajar a nivel de comunidad”.
El wihta de Santa Clara, Camilo Ramos, resumió que en su comunidad hay pérdida de valores morales y espirituales, lo que lleva al consumo de droga y asaltos en el interior de las familias. Él planteó la necesidad de una subsede policial en las comunidades. El comisionado Ramón Lewis, segundo jefe de la RAAN, consideró que las comunidades indígenas en la parte nicaragüense son seguras, pero estimó que hay “una incidencia bien negativa” desde el sector de Honduras, pues “en la frontera de aquel lado se mueve el crimen organizado como él quiere” . Y aunque reconoció que los wihtas les piden mayor presencia, para ellos resulta difícil hacerlo porque hay comunidades demasiado alejadas y la institución no cuenta con el presupuesto necesario para combustible.
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