LA HAYA/AFP
Costa Rica presentó este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya siete estudios técnicos que refutan la tesis de Nicaragua sobre el daño ecológico que habría ocasionado la construcción de la carretera paralela al río San Juan.
«No existen pruebas de un brusco aumento de la sedimentación del río San Juan», aseguró este miércoles la defensa costarricense en la CIJ después de que Nicaragua presentara la víspera sus alegatos contra esta carretera que discurre paralela al río fronterizo.
Representantes de Costa Rica y Nicaragua acuden desde el martes y hasta el próximo viernes a una audiencia en la CIJ sobre las medidas cautelares solicitadas por el gobierno de Managua, en uno de los varios contenciosos territoriales que salpican las relaciones de los dos vecinos.
En el caso del río San Juan, Nicaragua alega que la construcción de la carretera paralela al río, cuya margen derecha delimita unos 130 km de la frontera entre los dos países, está causando erosión y sedimentación en el río.
Nicaragua pretende que la CIJ ordene a Costa Rica que detenga las obras para evitar un mayor daño, según funcionarios nicaragüenses.
El gobierno de Costa Rica, por su parte, considera que la carretera es una obra de importancia para el desarrollo económico y social de su zona norte y que no afecta al río. Durante la audiencia del miércoles, la defensa costarricense mostró mapas y fotografías para demostrar que no existe perjuicio alguno.
La descripción de Nicaragua sobre una supuesta sedimentación del río San Juan es «errónea» y no existe ningún perjuicio «irreparable», aseveró en inglés Arnoldo Brenes, representante de Costa Rica ante la CIJ de La Haya.
Edgar Ugalde Álvarez, también representante de Costa Rica, sostuvo además que «no existe urgencia» en cuanto a la situación actual del río San Juan, tal y como afirmó Nicaragua.
Por lo tanto, concluyó Ugalde Álvarez, «no se cumplen las condiciones requeridas para que se ordenen medidas cautelares (…) por lo que la demanda de Nicaragua debe ser rechazada».
El reglamento de la CIJ establece que los jueces pueden ordenar medidas cautelares cuando se demuestra la urgencia de las reclamaciones y para evitar daños que podrían ser irreparables.
El representante de Nicaragua ante la CIJ de La Haya aseguró el martes, en la primera jornada de audiencia, que la carretera costarricense es «extremadamente dañina» y la calificó de «pesadilla medioambiental».
La canciller en funciones costarricense, Gioconda Úbeda, declaró la víspera en San José que lo que busca Nicaragua es que «no terminemos de construir la ruta 1856 que es parte de (un plan dirigido a) fortalecer nuestra política de estado en materia de defensa en la zona limítrofe».
Los días jueves y viernes serán destinados a las réplicas de ambos países.
Los fricciones territoriales entre los dos países suelen ser recurrentes. Hace menos de un mes, los dos países asistieron a una audiencia ante la misma Corte a pedido de Costa Rica, que reclama a Nicaragua daños en un territorio conocido como isla Portillos, en la zona limítrofe del Caribe, y que los dos países reivindican como parte de su territorio.
La CIJ tramita ambos litigios dentro de la misma causa.
El pasado agosto, la disputa subió de tono cuando el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, amenazó con recurrir a la CIJ para que dirima la pertenencia de la limítrofe provincia de Guanacaste, que ocupa el 20% del territorio costarricense, al que se adhirió hace 190 años y que Nicaragua afirma le fue arrebatada.
Pese a los persistentes roces, que algunos analistas ven como un intento de desviar la atención de los problemas internos, no se plantea una ruptura de relaciones. Ambos países mantienen una intensa actividad comercial, pero principalmente social: uno de cada cinco habitantes de Costa Rica es inmigrante nicaragüense, hijo de inmigrantes o de familias mixta.
