José Adán Aguerri
El pasado 31 de octubre, los diputados del partido de gobierno presentaron ante el presidente del Poder Legislativo la Iniciativa de “Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República”.
El Arto. 194 de la Constitución establece que la “aprobación” de una reforma parcial de la misma requiere del voto favorable del 60 por ciento de los diputados. En este sentido, somos conscientes que el Frente Sandinista tiene los votos suficientes para aprobarla al margen de lo que la oposición política y la sociedad civil podamos proponer.
No obstante esa realidad, como Cosep, estaremos analizando y presentando propuestas a esta iniciativa dentro del periodo que se ha establecido para dictaminarla por la Comisión Especial conformada para este propósito.
Nos interesa exponer nuestras consideraciones sobre ese proceso y su alcance por tratarse de un tema que está vinculado con el diseño político, económico y social que Nicaragua tendrá por los próximos años. Algunos planteamientos preliminares a esta discusión los detallamos a continuación.
La Constitución Política, a nuestro criterio, es un acto fundacional, en forma escrita, mediante el cual se garantizan los derechos de los ciudadanos y se estructura la organización del poder político, estableciéndose las funciones fundamentales del Estado, la regulación de sus órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos, siendo en definitiva el cauce de expresión jurídica del orden político de toda la sociedad.
De esa definición resulta la importancia que cualquier reforma debe gozar del mayor consenso posible porque la construcción de ese orden no puede hacerse solamente con la visión política de un sector de la sociedad, sino tomando en cuenta aquellos planteamientos que permitan consolidar el sistema político, económico y social que venimos desarrollando desde 1990 y nos permita garantizar un desarrollo humano sostenible que nos conduzca a construir una Nicaragua inclusiva, próspera y democrática.
Por ello creemos que la reforma debe reafirmar y fortalecer los valores e instrumentos democráticos que hemos venido cultivando, garantizando a los ciudadanos decidir y participar en el perfeccionamiento continuo del sistema político, económico y social sin trabas ni limitación ideológica o partidaria alguna; para lo cual es indispensable que el Estado tutele y garantice el “modelo de las libertades” que impulsamos, como lo son la libertad de organización, la libertad de movilización, la libertad de expresión y la libertad de prensa.
El reconocimiento y fortalecimiento de derechos y garantías individuales de todas las personas es determinante para el ejercicio y tutela judicial efectiva de los mismos, en particular la libertad y seguridad individual bajo las reglas de un debido proceso y de seguridad jurídica plena; siendo determinante avanzar en el fortalecimiento y modernización institucional del Poder Judicial.
El Ejército y la Policía deben continuar manteniendo su carácter de instituciones nacionales, profesionales, apartidistas, apolíticas, obedientes y no deliberantes y deben regirse en sus actuaciones en estricto apego a la Constitución y las leyes. Es nuestra opinión que se debe limitar la intervención de militares en instituciones civiles y no deben involucrarse en la administración de la justicia ordinaria.
El Estado en la economía debe jugar un rol facilitador de la actividad empresarial por lo que es determinante fortalecer la interacción sostenida y dinámica entre el gobierno y el sector privado bajo un esquema de diálogo y consenso, estableciendo canales institucionales para la negociación continua de objetivos y políticas que establezcan las bases fundamentales para potenciar el desarrollo económico y social del país a través del sector privado.
Si estos planteamientos son tomados en cuenta y se abre un proceso inclusivo y amplio de consultas en la búsqueda de consensos, estaremos contribuyendo a reformar y aprobar una Constitución Política más aceptable para el conjunto de la sociedad y también estaremos contribuyendo a la construcción jurídica de un orden político democrático que nos permita aumentar la estabilidad, la cohesión y la prosperidad del país. No perdamos la oportunidad. El autor es presidente del Cosep.
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