En su edición del sábado 2 de noviembre corriente, LA PRENSA calificó como “destrozo de la Constitución” la reforma constitucional de Daniel Ortega que se dio a conocer el viernes de la semana pasada. Una acertada calificación, de acuerdo con el exacto sentido del verbo destrozar que significa romper, despedazar, destruir, deteriorar, quebrantar…, lo cual es precisamente lo que está haciendo Ortega con la Constitución de Nicaragua.
La reforma de Ortega es la coronación de un enorme retroceso institucional que comenzó, de hecho, desde que en las elecciones de noviembre de 2011 el caudillo sandinista impuso su reelección presidencial, pasando por encima de la Constitución, y se adjudicó, mediante fraude electoral, la cantidad de diputados necesaria y suficiente para dictar la reforma constitucional que quisiera, sin tener que negociar nada ni con nadie.
Obviamente, la reforma de Ortega no es solo para adecuar la Constitución al contrato canalero con Wang Jing, incorporar la sentencia de la Corte de La Haya sobre la nueva frontera marítima de Nicaragua en el mar Caribe y cumplir la promesa a la cúpula empresarial, de constitucionalizar el mecanismo de su entendimiento con el Gobierno. Ortega repudió la reforma constitucional democrática de 1995 y nadie podía ignorar que en cuanto tuviera la oportunidad, cambiaría la Constitución para ajustarla a su ambición de poder autoritario y eterno.
Ahora bien, igual que ocurre con las grandes catástrofes naturales que solo con el pasar el tiempo se advierte la magnitud de sus daños, de igual modo los estragos del destrozo constitucional de Daniel Ortega, de este ataque feroz a los principios, valores e instituciones democráticas; al Estado de Derecho; a la neutralidad política de las fuerzas armadas; a la imparcialidad ideológica del Estado; a los fundamentos de la familia; a los valores culturales del país; a la identidad nacional, e incluso a las creencias religiosas de los nicaragüenses, se irán viendo y sintiendo dolorosamente en la misma medida en que las reformas orteguistas se vayan imponiendo.
No se puede dejar de mencionar, por otro lado, que este destrozo constitucional es también una secuela —tardía pero previsible e inevitable—, del pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, el cual, aunque no hubiera sido esa la intención del pactista liberal, abrió las puertas para que el caudillo sandinista pudiera recuperar el poder y demoler las instituciones democráticas.
Ahora, solo la oposición parlamentaria —o sea la Bancada Democrática Nicaragüense— podrá tener voz y voto para rechazar, aunque no lo pueda impedir, el siniestro plan de Daniel Ortega de cambiar el sistema de gobierno, el modelo de sociedad, la identidad nacional y hasta las creencias religiosas de los nicaragüenses. Pero también los diputados de la oposición podrían, si lo quisieran, aprovechar la oportunidad para elaborar y presentar una alternativa de reforma constitucional —o de una nueva Constitución— auténticamente democrática. La cual, como sucedió con la propuesta de 17 reformas constitucionales democráticas presentadas en noviembre de 1987 por los 14 partidos que integraron la UNO, podría servir como plataforma para formar una amplia alianza política y movilizar a todos los nicaragüenses que quieren vivir en libertad y democracia.
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