Elízabeth Romero
Tras cuatro meses de los hechos de agresión y robo al grupo de jóvenes más conocido como #OcupaINSS, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) redactó un informe a través del cual critica la negativa de la Fiscalía de dirigir las investigaciones para esclarecer este caso, en contraste con la beligerancia demostrada en el caso de denuncia de estafa existente contra los representantes de la sociedad panameña International Investments And Financial Services Inc.
Hasta ahora no hay un seguimiento a la denuncia presentada por los perjudicados directamente en la Fiscalía.
A su vez la Policía se niega a entregar un informe conclusivo de la denuncia presentada por los afectados por el robo de siete vehículos, para que estos puedan realizar sus trámites ante las aseguradoras, confirmó Carlos Villanueva, uno de los perjudicados.
“La criminalización de la protesta, el uso de recursos públicos de la Alcaldía de Managua para movilizar las fuerzas de choque, la impune actuación de estos mismos grupos a vista y paciencia de la Policía Nacional y la falta de investigación de los hechos ocurridos el 22 de junio por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional, son una consecuencia directa del ejercicio autoritario del gobierno”, sostiene el informe del Cenidh.
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Después de insistentes visitas para solicitar a las autoridades del Distrito Dos de la Policía una información en la que determinen si fue encontrado o no el vehículo, lo único que hacen es que la secretaria en la delegación “nos pone el recibido”, pero hasta ahora no ha habido una respuesta, explicó Villanueva, a quien le robaron una camioneta, doble cabina, color gris metálico, placas M 187356.
“La intención de ellos es de cerrar todas las puertas, actuar con toda la impunidad del caso”, expuso Villanueva.
La impunidad en este hecho y la falta de acción de las fuerzas de la Policía Nacional el pasado 22 de junio será uno de los casos que el Cenidh, acompañado por representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expondrá el martes próximo en la audiencia con motivo de la 149 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Antes de viajar a Washington, el director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié, explicó que los casos como el de #OcupaINSS “con meses de impunidad”, les servirán para ilustrar la situación de debilitamiento institucional por el que pasa la Policía Nacional.
En el informe el Cenidh señala que esto “denota una falta de voluntad política de esclarecer los hechos, lo que a su vez constituye un obstáculo real en el derecho de acceso a la justicia que tienen las víctimas del 22 de junio”.
“Para que Nicaragua honre sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos es necesario que se realicen investigaciones imparciales, se individualicen las responsabilidades correspondientes, se ejercite la acción penal contra los perpetradores de las agresiones y los robos del 22 de junio, se sancionen las arbitrariedades realizadas por los agentes policiales y se adopten medidas a fin de que estos hechos no se vuelvan a presentar”, apunta el informe del Cenidh.
Cenidh en su informe recuerda que el funcionario que haya autorizado estas acciones el 22 de junio “es un cooperador necesario de las agresiones y robo” contra estos jóvenes. “La criminalización de la protesta, el uso de recursos públicos de la Alcaldía de Managua para movilizar las fuerzas de choque, la impune actuación de estos mismos grupos a vista y paciencia de la Policía Nacional y la falta de investigación de los hechos ocurridos el 22 de junio por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional, son una consecuencia directa del ejercicio autoritario del gobierno”, sostiene el informe del Cenidh.
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