César Úbeda Bravo
Para el jurista Oscar Castillo, si hay un caso en el mundo que por sí solo haya implementado y perfeccionado todas las modalidades posibles e imposibles de elecciones no auténticas, ese caso es sin duda Nicaragua.
“Sin exagerar, resultaría incompleto un estudio sobre conceptos e índices de integridad electoral si no se considerara como un antiejemplo de una democracia auténtica al caso nicaragüense”, consideró Castillo.
El jurista sostuvo que las elecciones en Nicaragua han sido, en muchos de los casos y a lo largo de la historia, instrumentos del poder para legitimar dictaduras reales o aquellas disfrazadas de democracia.
Consideró que después de años de tiranías y democracias de fachada, el país comenzó una nueva era democrática a partir de la derrota electoral sufrida por el gobierno de turno en 1990.
Castillo indicó que la derrota en las urnas del partido oficial, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobernó ininterrumpidamente por casi once años (1979-1990), era una razón más que convincente para pensar que los procesos electorales se habían conquistado finalmente con una condición democrática auténtica, después de años de revolución, guerra civil y de crisis económicas.
AVANCES INSUSTANCIALES
“Sin embargo, después de estos años de alternancia debemos concluir, con más realismo que optimismo, que tales avances fueron insustanciales, al grado que se han reeditado, en los últimos períodos electorales, todo tipo de sospechas y dudas acerca de la autenticidad de las elecciones, como en las comicios municipales del 2008 y las presidenciales del 2011, ambos severamente cuestionados por prácticamente más de la mitad de la población y de organismos nacionales e internacionales de observación electoral y de organismos de cooperación como la OEA y la Unión Europea, entre otros”, expresó.
Recordó que las elecciones del 2011 presentaron todo tipo de irregularidades y violaciones a los derechos humanos, como la coacción al voto mediante amenazas de despidos a empleados públicos, escrutinios dudosos de los votos, discrecionalidad y parcialidad de los árbitros electorales, registros de votantes inexactos o alterados, uso de encuestas con fines propagandísticos, campañas mediáticas orquestadas desde el poder para favorecer a unos y perjudicar a otros, falta de seguridad en las boletas ausentes y votos anulados sin justificación, entre otros.
“Lo interesante a considerar en todo caso es que no obstante la inautenticidad de estos comicios y la evidencia fehaciente de todo tipo de irregularidades, al final no pasó nada. El fallo electoral se consumó sin mayores sobresaltos y en las mejores condiciones para los gobernantes y sus cómplices”, puntualizó.
Tal parece entonces —agregó Castillo— que la viabilidad de las elecciones no auténticas no depende solamente del empleo adecuado de prácticas fraudulentas e impositivas de todo tipo, sino también de la capacidad de maniobra y persuasión de los operadores políticos partidarios y gubernamentales para hacer aparecer mediáticamente como normal y correcto lo que en la realidad fue todo lo contrario.
“En suma, para el caso nicaragüense, la viabilidad de una elección no auténtica no depende tanto del tamaño del fraude o de la astucia para encubrirlo, sino de la capacidad de los árbitros y jueces electorales para hacer pasar las irregularidades como normales e insustanciales, y a las elecciones como correctas, cobijados en una Ley Electoral diseñada especialmente para ello”, opinó Castillo.
SE IMPUSO SUERTE DE GRADUALISMO
El jurista manifestó que si entre los períodos de gobierno de 1990 y el 2000 se impuso “una suerte de gradualismo” a la hora de aprobar las reformas electorales, más por las circunstancias todavía favorables al partido sandinista, en la reforma de 2000 el gradualismo también terminó imponiéndose, aunque por otras razones: el pacto Ortega-Alemán.
“Con esta reforma se volvió a perder la posibilidad de ir al fondo de muchos de los problemas de nuestro sistema electoral. De ahí que ahora, con todo lo que le ha llovido a Nicaragua en material electoral, con todas sus decepciones y ante la eventual reforma constitucional que se anuncia y de la elección de los funcionarios con cargos vencidos, se hace necesario, retomar la idea de muchos y que compartimos todos de realizar reformas profundas a la Ley Electoral vigente”, afirmó Castillo.
Según Castillo dichas reformas deben retomar el sendero verdadero de la democracia, que la profundice y que devuelva la autenticidad del sistema electoral y por ende de la institucionalidad que tanto requiere el país.
“Por ello advierto, que aquellos temas que se han quedado fuera de una reforma verdadera y necesaria, deben ser retomados por todos, gobierno, partidos políticos, sociedad civil, organismos de observación”, finalizó.
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