Paula del Socorro Urbina Suárez, de 50 años, y Blanca Azucena Huerta Centeno, de 28, deben cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva que ayer les impuso el juez especializado en violencia de género de Matagalpa, William Montalván.
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Ellas son acusadas por los delitos de trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción, violencia psicológica y crimen organizado, en perjuicio de cuatro adolescentes a quienes presuntamente Urbina obligaba a sostener relaciones sexuales con diferentes hombres en el municipio matagalpino de Río Blanco.
Urbina, conocida como “Coco”, es dueña de un bar y comedor en el barrio Carlos Fonseca, de Río Blanco, y según la acusación presentada por el fiscal auxiliar Freddy Hernández, el negocio lo “utiliza como fachada, ya que realmente se trata de un prostíbulo”.
En tanto, Huerta, a quien apodan “Kathy”, presuntamente se dedicaba a “reclutar” niñas y adolescentes en diferentes municipios de los departamentos de Jinotega y Matagalpa, para llevarlas al negocio de Urbina.
La relación de hechos indica que a los hombres que consumían cervezas y licor en el establecimiento, Urbina presuntamente cobraba 300 córdobas y sometía a las niñas y adolescentes a tener sexo con ellos, amenazándolas con echarlas a la calle si desobedecían.
Tras la audiencia preliminar, Urbina dijo que “es mentira” la acusación en su contra y negó que las adolescentes trabajaran en su negocio. “Tengo tres meses sin trabajadoras mujeres y el que me ayuda es mi hijo Edwin González”, dijo.
Señaló además que la adolescente encontrada durante el allanamiento policial “tiene su esposo”.
Huerta sostuvo que tuvo problemas con “la mayor” de las adolescentes y “me puñalearon y ahora andan diciendo todo este enredo yo me siento libre gracias a Dios y no le deseo mal a nadie porque tengo dos hijas”.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A
