En Nicaragua no hay una verdadera institucionalidad política, pero tampoco económica. A pesar del entendimiento del sector empresarial con el inconstitucional presidente Daniel Ortega, el país sufre un notorio déficit de institucionalidad económica que se puede advertir ante todo en la falta de licitación de proyectos nacionales, desde los más pequeños hasta los más grandes.
El proceso de licitación, cuando se realiza en estricto apego a la ley asegura en la medida de lo posible que un proyecto lo desarrolle la empresa más experimentada, la que tiene más prestigio y ha presentado la mejor oferta técnica y financiera. Pero, por ejemplo, en el caso de MPeso esto no sucedió y el impacto negativo de la adjudicación sin mediar licitación ha sido inmediato. A raíz de que se introdujo el sistema de tarjetas electrónicas para el pago por el pasaje en el transporte urbano colectivo de Managua, a los usuarios se les ha complicado más su vida cotidiana al ir a trabajar, a estudiar o dirigirse a sus hogares. Esto se debe a que, al no haber pasado la empresa MPeso por el debido proceso de licitación, se le dio la concesión sin tener la experiencia ni la eficiencia necesarias para instalar y operar el nuevo sistema.
Otro caso ejemplar ha sido el de la empresa Alvimer, que causó una justificada preocupación y reacción en el sector exportador e importador del país, al determinarse que habría que pagarle el 0.26 por ciento del valor del contenedor cada vez que pasara por aduanas, contraviniendo entre otras cosas las normativas del Acuerdo de Asociación (AdA) con Europa. Al final, gracias a las gestiones de las cámaras empresariales se resolvió que no se cobrará un porcentaje sobre la mercadería que pasa por aduanas, sino un pago único por contenedor. Sin embargo, esto no legitima la injustificada e ilegal asignación a Alvimer sin mediar licitación alguna, y el hecho de que no se cobre lo que se pretendía por contenedor no asegura que el servicio de esta firma vaya a ser el mejor.
Pero el “monumento” a la falta de institucionalidad económica ha sido la adjudicación, al “ dedazo”, de la concesión del Gran Canal al chino Wang Jing, un proyecto que de llegar a realizarse sería el mayor llevado a cabo en Nicaragua en toda su historia y costaría, según Daniel Ortega, cuarenta mil millones de dólares.
Con solo estos tres ejemplos de falta de licitación se demuestra la violación gubernamental de la Constitución y la Ley, la alteración de la libre competencia económica y la indefensión de los consumidores y usuarios. Las leyes económicas no se respetan, las instituciones llamadas a velar por su cumplimiento —como Procompetencia—, no cumplen su deber y los gremios empresariales no hacen valer su derecho a una competencia libre y sana por medio de las licitaciones.
El precio de esta corrupción lo pagan todos los nicaragüenses: los usuarios, comprando un servicio de pésima calidad, las empresas, por no tener acceso a un justo y equitativo proceso de licitación, y todos los nicaragüenses, con mayores impuestos y menores niveles de bienestar económico y social.
Ahora bien, como hemos dicho en otras ocasiones, al mismo tiempo que se acumulan los abusos de un sistema de gobierno egoísta y corrupto se va acumulando también el descontento de la gente, que hoy está o pareciera estar sometida pero en algún momento tendrá que estallar, como ya ha estallado en el pasado.
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