MARTHA VÁSQUEZ
La Procuraduría General de la República y la Fiscalía no se opusieron ayer a regresar al menos cuatro propiedades en Rivas y tres furgones a personas que habían sido afectadas en el caso Operación Sur Uno.
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Los reclamantes fueron afectados en la confiscación de bienes muebles e inmuebles en la redada que hizo la Policía contra los 46 acusados de crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico, acusados en enero pasado.
La audiencia especial para resolver las peticiones de los perjudicados que alegaron “buena fe”, se realizó en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, donde el procurador Francisco Mairena argumentó que no es política del Estado afectar a terceros que “demuestren en juicio su buena fe”.
Del valor de la finca depende la “oposición”
El procurador Mairena fue enérgico al oponerse a la entrega de más de diez fincas y lotes de terreno, entre estas la finca El Volcán, ubicada en Granada, por tener “relación evidente con los hechos acusados, ya que fueron compradas con dinero proveniente del narcotráfico”.
“Solicito señores magistrados que se mantenga el decomiso de la finca El Volcán y los diez lotes de terreno que fueron estratégicamente comprados por la sociedad Dávila-Monastel, propiedad del acusado Víctor Manuel Dávila Dávila, que fue asesinado en Costa Rica en meses pasados, porque servían para facilitar el traslado y almacenamiento de la droga”, dijo Mairena.
Hoy continuará la audiencia para otras personas que alegaron ser perjudicadas con la confiscación de sus bienes en este caso judicial.
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