Elízabeth Romero y Roy Moncada
El ultraje al que someten a los usuarios capitalinos y las presiones constantes contra los transportistas no parecen importar al gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, que utiliza al Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma) para imponer el negocio del sistema de tarjeta electrónica para pagar el pasaje de bus en Managua.
“Cuando están los intereses económicos de por medio, el interés colectivo, la justicia social y el derecho constitucional y humanos no tienen ninguna validez”, refirió Ricardo Osejo, de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Consumidores.
“Que si tienen negocio, eso yo no lo puedo decir, pero lo que yo veo sí, (es que) están a favor del negocio del capital, de las ganancias onerosas, de la estafa y robo que le están haciendo a los consumidores”, manifestó Osejo.
Azahálea Solís, coordinadora de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), dijo que “a una compañía (MPeso) se le entregó (la concesión) sin ninguna licitación y sin que la Alcaldía de Managua, a través del Concejo Municipal, lo haya aprobado”.
La protesta, aunque no duró mucho tiempo, fue activa. Algunos pegaron papeles en los buses y alzaron cartulinas en la calle con frases que descalifican el pago del pasaje con tarjeta. Algunos pasajeros denunciaron que al recargar sus tarjetas habían recibido menos por lo que pagaron.
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GOBIERNO VIOLA DERECHOS
El defensor de los consumidores apuntó que con esto el gobierno afecta no solo los derechos constitucionales de los usuarios, sino también los laborales, pues muchos han llegado tarde a sus centros de trabajo, lo que los expone a perder su fuente de empleo.
Osejo indicó que parte del atropello al que ha sido sometido el usuario, sin que el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma) haga algo en su defensa como corresponde, está que al no reflejar la tarjeta el monto recargado, MPeso no solo le cobra un servicio que no recibe, sino que altera el precio del pasaje.
Esto representa mayor carga para desempleados y trabajadores, que muchas veces andan lo justo para el pasaje, lo que les obliga a prestar o a caminar para poderse movilizar, pues muchas veces en los puestos solo recargan por más de 10 córdobas.
Eso significa, dijo Osejo, que “le están gravando, están alterando el pasaje público, están cobrando un servicio que no están recibiendo”.
Por considerar que la empresa MPeso está asociada con el ente regulador, en este caso el Irtramma, la próxima semana la Organización para la Defensa de los Derechos de los Consumidores introducirá un recurso de amparo contra ese instituto por ser cómplice.
ASAREAN A USUARIOS
Brenda Ayerdis, de la Liga del Consumidor, por su parte considera que si antes los usuarios se preocupaban por los 2.50 córdobas, ahora lo deben hacer por buscar la recarga, pero también “que si te van a asarear en el bus”.
Ayerdis estima que con esto se ha abusado de la confianza de los consumidores, “ahorita la gente está presionada porque de cinco buses, uno es mixto y los otros de tarjeta”.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, manifestó que en este caso el Estado a través Irtramma ha actuado como “ente facilitador” de MPeso para que todo le salga bien, pese a que esta empresa no ganó una concesión, sino que fue por “asignación del capricho (que es) como se gobierna en este país”. Recordó Carrión que, según el artículo 105 de la Constitución, el Estado está obligado a proteger a los usuarios.
El socio de una de las cooperativas de transporte manifestó que a través del Irtramma les presionan con el retiro de las concesiones o con la no entrega de los permisos de operación.
Por ejemplo, mencionó que en el caso de la cooperativa Parrales Vallejos, los conductores que pretendieron paralizar sus labores en la presente semana fueron amenazados con que sacarían los buses de esa cooperativa utilizando como esquiroles a los choferes de los buses color chicha de Alba Transporte.
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