La Paz/EFE
El Gobierno de Bolivia reclamó hoy la propiedad del edificio donde operó hasta el mes pasado la agencia de cooperación estadounidense Usaid en La Paz, ante la decisión de la Alcaldía paceña, en manos de la oposición, de expropiar el inmueble para ponerlo a su servicio.
El Ministerio de Planificación señaló en un comunicado que la titular de esa oficina, Viviana Caro, y representantes de Usaid “ultimaron detalles de la entrega del bien inmueble” que, “según acuerdos iniciales, será transferido al Estado boliviano a la conclusión o cese de sus actividades en el país”.
“El inmueble en cuestión cumplirá una función social al ser parte de la propiedad del Estado boliviano. En los próximos días, el inmueble será reacondicionado y empezarán a funcionar oficinas públicas del órgano Ejecutivo”, indicó la fuente.
El edificio luce hoy en su frontis un cartel colocado por el Ministerio de Planificación con la leyenda: “Propiedad del Estado plurinacional de Bolivia”.
El ministerio de Planificación estuvo a cargo de las operaciones de cierre de Usaid, que trabajo en Bolivia desde 1961, enfocada en programas de salud, protección del medio ambiente, desarrollo agrícola y también cooperó en la construcción de puentes, caminos y escuelas en todas las regiones bolivianas.
Usaid cesó definitivamente sus actividades en Bolivia el pasado 30 de septiembre, cuatro meses después de que el presidente Evo Morales decidiera expulsarla del país bajo acusaciones de conspirar en su contra, lo cual rechazaron ese organismo y el Gobierno de Estados Unidos.
La Alcaldía de La Paz, controlada por el opositor Movimiento sin Miedo, anunció a fines del mes pasado el inicio de un proceso para expropiar el inmueble de Usaid, situado en el barrio de Obrajes, en la residencial zona sur, en una superficie de 7,198.76 metros cuadrados y con un valor catastral de dos millones de dólares.
El municipio paceño sostuvo que respalda su decisión en normas que le facultan a expropiar espacios considerados de “utilidad pública” que se encuentren en territorio de la ciudad.
Las autoridades ediles planeaban instalar allí unidades desconcentradas de los servicios de gestión tributaria municipal y territorial, y una plataforma de Atención Integral a la Familia. El Ministerio de Planificación calificó de “acto anticipado y sin fundamento legal” la decisión del municipio y señaló que ni la alcaldía ni el Concejo Municipal tienen “facultades para expropiar” el edificio.