Adolfo José Acevedo Vogl (*)
El pre-requisito de cualquier reforma debe ser asegurar una administración autónoma y profesional del INSS, y la absoluta transparencia en el uso de sus recursos. Esto no se está asegurando.
Las medidas de reforma que se proponen para extender el período de solvencia financiera del INSS apuntan, en primer lugar, a desvincular la evolución de la pensión mínima de la evolución del salario mínimo, lo cual conduciría a que las primeras, si la divergencia de la trayectorias de ambas variables se mantiene, dejen de ser equivalentes al salario mínimo, y se coloquen por debajo de este.
Esta medida, si bien crucial para asegurar el equilibrio financiero del INSS, no resuelve el problema que procuraba resolver la disposición que ataba la pensión mínima al salario mínimo: evitar que los adultos mayores arriben a la vejez con un ingreso tan bajo que los condene a la pobreza o la indigencia.
Si todo queda allí, y en compensación no se avanza hacia el establecimiento de un sistema de pensión mínima básica asegurada por el Presupuesto del Estado, dicha medida daría como resultado una drástica disminución del crecimiento de las pensiones que reciben la denominada pensión mínima.
Luego, las reformas postulan la necesidad de modificar la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones, buscando reducir el monto de estas, como vía para lograr que la nuevas pensiones no mínimas disminuyan lo suficiente para contrarrestar la dinámica que sobre el salario promedio imparte el mandato de la ley en el sentido de que las pensiones que resulten inferiores al salario mínimo deben fijarse al nivel de este.
Esta medida se orienta a cargar el peso de la reforma sobre los sectores medios asalariados, lo mismo que ocurre con el sistema tributario, mientras se otorga un tratamiento privilegiado a las rentas no salariales, ante todo los dividendos y rentas financieras, procurando aliviarlas de cualquier carga y de la responsabilidad de contribuir al financiamiento de bienes públicos universales como la educación y la salud de calidad y la protección social universal para todos.
Ahora bien, las medidas anunciadas asegurarían la solvencia del INSS hasta 2036. Pero el problema verdaderamente grave comenzará en el período siguiente, después de 2036, cuando el país comenzará a experimentar el proceso de envejecimiento verdaderamente acelerado de su población, y cuando gran parte de la actual población joven se estará comenzando a jubilar en masa.
Todas las proyecciones apuntan a que la relación de personas económicamente activas/adultos mayores se van a deteriorar con enorme rapidez. En la actualidad, tenemos cerca de seis trabajadores cotizantes por cada pensionado. Pero este número se reducirá a cerca de dos, debido al proceso de envejecimiento poblacional, en virtud del cual los adultos mayores se multiplicarán por un factor de siete en las próximas seis décadas mientras las personas en edades productivas apenas se multiplicarán por 1.36.
Cuando el número de personas en edades productivas se está reduciendo con tal rapidez en relación al número de adultos mayores, la productividad debe crecer con mayor rapidez todavía, para que las personas en edad productiva puedan generar los recursos necesarios para sostenerse y a la vez atender a las necesidades del alto y creciente número de adultos mayores.
Para lograr que la productividad crezca a los ritmos adecuados, la economía debe diversificar su estructura productiva hacia actividades de rendimientos crecientes, alto valor agregado y elevado dinamismo de la demanda, de manera que comience a generar empleos de cada vez mayor productividad, y por tanto, de creciente calidad y remuneración. Esto además resulta fundamental para aprovechar la fase actual de la transición demográfica, cuando la población en edades productivas está alcanzando su máximo nivel en la historia.
Esto permitiría que los jóvenes de ambos sexos, que todavía constituyen la proporción dominante de la población, tengan la posibilidad de insertarse en el mercado laboral en empleos de cada vez mayor calidad e ingresos, es decir en condiciones cada vez más dignas, y puedan enfrentar el futuro de una manera más esperanzadora.
Este sería el único fundamento económico sólido para que el número cada vez más reducido de trabajadores cotizantes del Programa IVM, en relación al número creciente de pensionados, pueda sostener a estos últimos, y en que nuestro país podrá enfrentar en mejores términos el proceso de envejecimiento de su población.
Si esto no se logra, no solo las reformas que habría que efectuar para sostener la solvencia financiera del INSS más allá de 2036 serían muchísimo más drásticas, incluyendo incrementos draconianos en la edad de jubilación y el número de cotizaciones, y reducción aún más drástica del monto de las pensiones.
Peor aún, el país habría arribado a la fase de envejecimiento avanzado sin las condiciones básicas para afrontar los enormes desafíos que ello conlleva, y en este punto no habrá vuelta atrás. No se sabe hasta adónde podría llevarnos un esfuerzo nacional sostenido de desarrollo, que concentre las energías y recursos del país en esta dirección, pero el peor escenario posible, desde todo punto de vista, es aquel en que dicho esfuerzo no se lleva a cabo.
Pero no existe, hasta el momento, ningún planteamiento orientado a promover este proceso de cambio estructural, y esto podría pasarle una enorme factura al país en algunas décadas más.
(*) Economista.
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