A medida que se profundiza la crisis de Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, Daniel Ortega pierde la esperanza de seguir recibiendo los grandes beneficios de la cooperación venezolana. De modo que no le queda más remedio que prestar atención a la relación con el principal socio económico de Nicaragua, histórico y actual.
Ahora la mirada de Ortega apunta hacia EE.UU. mediante el DR-CAFTA, y hacia Europa por medio del Acuerdo de Asociación (ADA). El gran capital nicaragüense de nuevo y viejo cuño olfatea la lenta pero segura recuperación del PIB de EE. UU. (el más grande del mundo como país), y la mejoría en la economía de la Zona Euro, que es la mayor zona económica mundial.
Para calificar el comportamiento económico de Nicaragua en 2013 bastan cinco palabras: Desaceleración económica con mayor inflación. El PIB crecerá en 2013 en 4.2 por ciento (versus 5.2 por ciento en 2012), con una inflación cercana al 8 por ciento (contra 6.6 por ciento el año pasado). La mayor inflación es producto, sobre todo, del aumento del precio mundial del petróleo en este año, unido al monopolio en su importación, refinación y distribución en el país, que es uno de los más jugosos negocios de la familia que detenta el poder en Nicaragua. En tanto que los nicaragüenses que dependen de un salario lo ven encogerse a diario, por el gran negocio que significa la compra y venta del petróleo y sus derivados por medio de la gran transnacional llamada ALBA.
Si al menor crecimiento del PIB de Nicaragua en este y en los próximos tres años, según datos del Programa Económico y Financiero PEF 2013-2016, se agregan los efectos de la reforma del INSS que supondrá mayores costos a las empresas y a los trabajadores, así como las consecuencias de la roya del café que supone menos empleo, la incorporación al presupuesto del bono solidario que deja de financiar Venezuela, la falta de institucionalidad que frena la llegada de más inversión extranjera, el bajo precio de los principales productos de exportación y la volatilidad del principal producto de importación, que es el petróleo, el futuro inmediato no se presenta nada grato para el pueblo de Nicaragua.
El subsecretario adjunto del Departamento de Comercio estadounidense, Walter Bastian, en sus declaraciones a LA PRENSA del 2 de agosto pasado reiteró que la seguridad jurídica es más importante que la seguridad ciudadana. Pero en Nicaragua no hay institucionalidad política ni económica. Imperan el tráfico de influencias, las concesiones sin licitación, la falta de reglas claras de competencia y la escasa transparencia en el manejo de los fondos públicos. Nicaragua es la gran empresa de unos cuantos y un calvario para la mayoría de nicaragüenses.
El país sigue teniendo uno de los más áltos índices de desigualdad socioeconómica en Latinoamérica. Los funcionarios del FMI que han elogiado el manejo orteguista de la economía nacional, deben ruborizarse ante la realidad de tantos nicaragüenses que, calladamente, reprueban el elitismo corporativista y neoliberal de unos gobernantes que se enriquecen desmesuradamente y enriquecen a unos pocos, a costa de las penurias de muchos.
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