Uno de los antiguos y siempre válidos principios fundamentales del derecho, establece que “las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son”.
De acuerdo con este postulado del derecho universal, que los juristas llaman también “principio de la irrelevancia del nombre jurídico” o “principio de la primacía de la realidad”, aunque los representantes del Gobierno digan que su propuesta de cambios en el Seguro Social no es una reforma, sino “ajustes administrativos”, tal manipulación semántica no les quita el carácter de reformas que tendrán para todos los efectos jurídicos, institucionales y sociales.
Tanto en sentido jurídico como en términos generales, una reforma es un cambio, una modificación, una corrección o una enmienda de lo que existe, ya sea algo material, una institución o una ley. Y así como en la materia del derecho constitucional hay reformas parciales y totales de la Constitución, a las leyes secundarias y las instituciones se les puede hacer reformas esenciales o superficiales, e incluso pírricas o mezquinas, como es el caso de la propuesta de reformas al Seguro Social que el representante del Gobierno presentó a los empresarios con el nombre de ajustes administrativos.
En realidad, incrementar las tasas de cotización patronal, aumentar la tasa del salario cotizable, crear un nuevo estrato de ahorro individual para pensiones y ajustar las pensiones al promedio del casi inamovible salario nacional en sustitución de la dinámica del salario mínimo, cuáles son básicamente las medidas que contiene la propuesta gubernamental presentada a los empresarios, no son simples ajustes administrativos sino reformas, encubiertas e insuficientes, pero reformas al fin.
El gobierno de Daniel Ortega pretende hacer pasar las reformas del Seguro Social como simples ajustes administrativos, en primer lugar para no someterlas al trámite legislativo. De esa manera se evita el costo de un intenso y extendido debate público, que inevitablemente se tendría que generar al someter la reforma a la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional y a la crítica de la oposición parlamentaria.
Mediante esta triquiñuela el régimen orteguista pretende también impedir las reformas sustantivas que requiere el Seguro Social, no solo para evitar que colapse sino también para recuperar su eficacia. Nos referimos a reformas para reducir los gastos administrativos y burocráticos, para sacar del sistema de seguridad social las pensiones políticas no contributivas, para transparentar la administración del INSS y poner fin al uso discrecional y turbio de sus recursos financieros, entre otras enmiendas que ya han sido planteadas públicamente por representantes de los trabajadores y de la sociedad civil.
Además, imponiendo las reformas como ajustes administrativos Daniel Ortega pone de manifiesto su afán de gobernar por medio de acuerdos y decretos, sin someterse a la Constitución ni a la participación de la Asamblea Nacional, no obstante que esta ya no es independiente sino que se ha sometido al poder ejecutivo
Tampoco hay que perder de vista que la aprobación de una reforma del INSS solapada como ajustes administrativos, pactada por el Gobierno con los empresarios y las camarillas sindicales oficialistas, sería otro paso importante del orteguismo hacia la sustitución del sistema de gobierno democrático representativo con un régimen autoritario de representación corporativa.
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