San Salvador/ACAN-EFE
Un organismo defensor de derechos humanos de El Salvador exigió este martes a la iglesia católica una explicación sobre el cierre de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador debido a que su «archivo histórico» es «patrimonio» de los salvadoreños.
Los salvadoreños «se merece una explicación» sobre el cierre de Tutela Legal, ya que el «archivo histórico» de ese organismo, que se creó en 1982, «es un patrimonio del pueblo salvadoreño» y no se sabe que pasará con él, dijo a Acan-Efe Saúl Baños, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
«Esperamos se de una postura oficial porque hasta el momento el arzobispo de San Salvador (José Luis Escobar Alas) no ha dado una postura» al respecto, agregó Baños, coordinador del programa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de FESPAD.
Además, llamó al prelado a realizar «una valoración sobre el cierre de la oficina de Tutela Legal porque es sumamente importante esa oficina», debido a que «actualmente también lleva casos de violaciones de derechos humanos, no solo del pasado histórico, sino también del pasado reciente y de la actualidad del país».
Por eso el «archivo histórico» de ese organismo, que hasta la fecha registra más 50,000 denuncias de violaciones de los derechos humanos, en su mayoría cometidas durante el conflicto armado que vivió este país (1980-1992), debe de «mantenerse, debe de destinarse a un buen uso histórico del país», destacó.
Ese archivo «no es patrimonio del arzobispado mismo, no es patrimonio de la oficina de Tutela Legal (…) es del pueblo salvadoreño», enfatizó.
«Porque ahí están consignadas todas las desapariciones y muertes que se dieron y, por lo tanto, para la recuperación de la memoria histórica del país es fundamental que el arzobispado de una postura (…) en relación al destino que va tener ese archivo», añadió.
Por su parte, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, manifestó hoy su preocupación por el cierre de la oficina de Tutela Legal y señaló que como Gobierno están dispuestos a ayudar «en la custodia» del archivo, si así lo estima conveniente la iglesia.
