Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
Las empresas constructoras de la carretera fronteriza con Nicaragua, habrían cometido delitos en contra de la Hacienda Pública al simular operaciones y recibir pagos sin sustento probatorio, opina el legislador Manrique Oviedo, quien pidió a la Dirección General de Tributación Directa realizar una investigación en contra de ellas.
Oviedo, del opositor Partido Acción Ciudadana y miembro de la comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público, la cual realizó una investigación de la carretera tras el escándalo de corrupción; solicitó por escrito al director de Tributación, Carlos Vargas, investigar a las 43 empresas constructoras por la presunción de delitos.
“Podrían haberse dado por parte de las personas físicas y jurídicas, acciones que están claramente tipificadas como delitos, según el Capítulo III, Sección II del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, indicó el legislador.
Las 43 empresas constructoras cobraron 35 mil millones de colones (cerca de 70 millones de dólares) dándose casos de empresas que prestaron el servicio de alquiler de equipo al CONAVI (Consejo Nacional de Vialidad, responsable de la obra) y que a esa fecha, no tenían ninguna maquinaria registrada a su nombre”, según Oviedo.
“También se encuentran prestando servicio de “alquiler de maquinaria” o venta de materiales, empresas que tenían un giro de negocios diferente al del servicio que se prestó”, cuestionó.
Oviedo recordó que durante el proceso de investigación en el Congreso, los diputados concluyeron que en general, la obra refleja un manejo “ilegal, desordenado y sin control alguno de los recursos públicos destinados a la construcción”, lo cual ha derivado en la apertura de procesos de investigación, tanto en la fiscalía como en la Contraloría General de la República “por las actuaciones dolosas de los involucrados”.
“Dada la trascendencia que el proyecto ‘La Trocha 1856 (así se llama la carretera)’ tiene para el país y la cantidad de acciones dolosas cometidas durante la ejecución del proyecto, generando una grave lesión al erario público, sería ejemplarizante poder recuperar vía impuestos, al menos una parte de los dineros pagados o comprometidos por parte del estado en una operación que será por muchas décadas el ejemplo más claro de la corrupción en la función pública”, pidió el diputado a Tributación.
El Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, mantiene con medidas cautelares contra dos funcionarios públicos y tres empresarios, señalados de aparente corrupción en la apertura de una carretera fronteriza que según Nicaragua, contamina el río San Juan.
Al ingeniero y técnico del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Manuel Serrano y Miguel Ramírez; el juzgado les impuso en mayo anterior 5 meses más de prisión preventiva. Ambos ya descontaron los primeros seis meses de prisión preventiva.
A los empresarios constructores David Castillo, Giovanni Baralis y Johnny Muñoz; el Juzgado Penal les impuso por el plazo de un año impedimento de salida del país, entrega del pasaporte al despacho judicial y firmar una vez al mes en la fiscalía donde se tramita la causa. Estas medidas ya las habían cumplido por los primeros seis meses.
Las cinco personas y el ex director del Conavi, Carlos Acosta, quien se mantiene en libertad condicional; son acusados de Peculado, un delito que atribuye cárcel de 3 a 12 años a funcionarios públicos o particulares que distraiga dinero o bienes cuya custodia o administración le fue confiada a razón de su cargo.
Según la fiscalía, los empresarios constructores pagaron una fiesta a los dos funcionarios estatales ahora con prisión preventiva, en un centro nocturno de San José, hasta por un valor cercano a los 5 mil dólares (de acuerdo con el tipo de cambio actual), un viaje a Estados Unidos y un tour de placer en helicóptero.
Además, detectaron irregularidades en la construcción de la carretera como realización de obras “en las cuales se aumentaron las horas de trabajo de las maquinarias, maquinaria que no trabajó, maquinaria que aparece con reportes de estar trabajando en dos sitios a la vez, etc, etc”, de acuerdo con el Fiscal General, Jorge Chavarría.
De modo que la fiscalía investiga el trabajo no realizado por las compañías de los empresarios, las cuales recibieron cuantiosos contratos; así como trabajos realizados en otras obras para las cuales no fueron contratadas.
