Daniel Ortega insiste en querer sustituir la democracia pluralista de partidos políticos —la cual existe todavía en Nicaragua, por lo menos de manera formal —, con un régimen corporativista de tipo fascista como el que con distintas modalidades se estableció en algunos países de Europa durante el siglo pasado.
El sistema corporativo de gobierno se funda en la asociación del gran capital —que se arroga la representación de todos los empresarios— con el poder político ejercido generalmente por un caudillo autoritario y populista. Y en su aspecto político formal, el corporativismo es un sistema de representación directa de los gremios, sobre todo empresariales pero también los laborales y sociales subordinados al Gobierno, para garantizar la aprobación expedita de las leyes y la concertación de los acuerdos entre el capital y el poder que se consideren necesarios para la bienandanza de la economía nacional y de los negocios públicos y privados.
El pretexto que se esgrime siempre para justificar la eliminación de la democracia pluripartidista y su reemplazo con un régimen autoritario corporativista, es que los partidos políticos han fracasado como instrumentos de representación y de enlace de los ciudadanos con el Estado. En este sentido, Daniel Ortega ha dicho con toda claridad que los partidos políticos no unen al pueblo sino que lo dividen, que agravan los problemas sociales en vez de ser instrumentos para su solución. Así lo expresó el 22 de abril de 2009 en el curso de una extensa comparecencia en el programa Mesa Redonda Internacional de la televisión cubana. “El pluripartidismo —sentenció el caudillo sandinista en aquella ocasión— no es más que una manera de desintegrar a la nación confrontar a la nación, dividir a la nación, dividir a nuestros pueblos”. Ortega aseguró que, para él, el mejor sistema de gobierno es el de partido único, como en Cuba. Pero al no poder eliminar del todo a los partidos políticos, opta por una variante corporativista de régimen autoritario, con el FSLN como fuerza política hegemónica.
En la reunión del Gobierno con la empresa privada, celebrada el miércoles 26 de mayo de 2010, ante las quejas de los empresarios de que la institucionalidad se había debilitado porque los políticos no podían ponerse de acuerdo para elegir los cargos vencidos en los poderes del Estado, Ortega les pidió respaldo para disolver la Asamblea Nacional, y “que tengamos de nuevo un Consejo de Estado —dijo— como el que tuvimos recién el triunfo de la revolución, donde estaba la empresa privada, estaban todos los sectores allí”. El Consejo de Estado, como se sabe, era un órgano formalmente colegislativo que fue integrado por representantes no elegidos por los ciudadanos, sino designados por los gremios. Y en su informe a la Asamblea Nacional del 10 de junio de ese mismo año, Ortega definió al régimen corporativo que quiere instaurar, como “una Gran Alianza Nacional de Trabajadores de la Ciudad y del Campo, Productores, Empresarios, Cooperativas, Pequeña, Mediana y Gran Industria y el gobierno sandinista de Reconciliación Nacional”.
O sea que el planteamiento de Ortega de instaurar un régimen corporativista de corte fascista en sustitución de la democracia pluralista, no es de ahora. Lo que al parecer lo ha detenido es que no tiene aún —y esperamos que nunca lo pueda tener— el respaldo de la empresa privada y particularmente del gran capital nicaragüense.
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