Los líderes del sector empresarial privado han valorado como muy positivo y promisorio, el encuentro que el miércoles de esta semana tuvieron con el presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega.
En esa reunión Ortega prometió entre otras cosas institucionalizar el mecanismo de negociación permanente del Gobierno con la empresa privada, y darle rango de mandato constitucional, así como comenzar a abonar la deuda cifrada en más de 600 millones de dólares que el Estado tiene con el INSS y es una de las causas de su profunda crisis integral. Además, se considera que este encuentro fue más esperanzador que las anteriores tres reuniones de ese mismo nivel, porque el sector empresarial ha quedado convencido de que el régimen de Daniel Ortega no volverá a actuar contra la empresa privada como lo hizo durante la revolución sandinista de los años ochenta, como se desprende de la declaración personal del mismo Ortega, de que en materia económica y relaciones con los empresarios, no volverá “a tropezar con la misma piedra”. Lo que no precisó Ortega es si ha renunciado al socialismo revolucionario o lo ha sustituido por un supuesto híbrido de “capitalismo socialista” o “socialismo capitalista”.
Pero sin duda que es beneficioso para la empresa privada y para el país, que el acuerdo de la cúpula empresarial con el Gobierno se extienda y consolide. La verdad es que si no fuera por eso el país estaría peor que ahora y no existiría la exitosa situación económica que, según los empresarios y los gobernantes, se disfruta actualmente en el país.
La institucionalización del entendimiento y la cooperación del sector empresarial con el Gobierno, se promovió ya durante el mandato democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro, y el mecanismo correspondiente fue incorporado a la Constitución mediante las reformas constitucionales de 1995. Estas derogaron las facultades absolutistas que tenía el presidente de la República para organizar la economía y determinar las políticas económicas del Estado, y crearon el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social con participación de la empresa privada y otros sectores del país.
La diferencia con lo que propone ahora Daniel Ortega, es que el nuevo mecanismo institucional sería vertical, limitado a la concertación del Gobierno con los empresarios. En tanto que el mecanismo establecido en 1995 en la Constitución (que aún está vigente pero Ortega lo ignoró desde que retomó el poder en 2007), es horizontal y democrático, concebido como un instrumento institucional de diálogo y consenso no solo de los capitalistas con el Gobierno, sino también con los sectores laborales, comunitarios, cooperativos, cívicos y políticos.
Pero a un presidente centralista, autocrático y de mentalidad socialista burocrática, como es Ortega, no le interesa un mecanismo horizontal y pluralista de concertación económica y social. Le viene mejor uno que sea bilateral, vertical y corporativo, pues así puede negociar acuerdos con el sector empresarial sin la interferencia “fastidiosa” de los gremios sociales y la sociedad civil.
Es cierto que la experiencia internacional ha demostrado que la economía de un país puede ser exitosa y los capitalistas medrar, sin que haya un sistema político democrático. Sucedió en Nicaragua, con los Somoza, en Chile con Pinochet y sucede en la actual China comunista. Pero también demuestra la experiencia que, al menos en esta parte del mundo, ese modelo de capitalismo sin libertad ni democracia real es insostenible a largo plazo.
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