Luis Eduardo Martínez
Bajando el cerro, a doña Porfiria Alvarado la persiguió y la mordió un perro. Más recientemente cayó y se fracturó una mano. “De todo me ha pasado aquí”, dice la mujer de 66 años, ahora con la incertidumbre de no saber adónde ir, porque anoche debía desalojar la champa de madera y cartón en la que vivió los últimos meses.
“Se debe respetar la propiedad privada. No se van a permitir más tomas y esto es un trabajo que se ha venido haciendo desde el momento en que se tomaron este lugar y gracias a Dios todo está resultando bien a través del diálogo y la comprensión de los líderes y de la misma gente que realmente necesita un lugar donde vivir”, agregó Zapata.
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Ella, junto a más de 500 familias, llegaron hace casi once meses a ese terreno propiedad de la sociedad Inmuebles La Granja, al noreste de la ciudad de Matagalpa, alegando que no tenían adónde vivir. El sitio ofrece espléndidas vistas hacia la ciudad y los precaristas lo llamaron Reparto Tomás Borge.
Alvarado dice que el lote donde ella vivió hasta ayer tuvo que comprarlo en mil córdobas “a una muchacha que ahora vive en Costa Rica. Ese dinero lo conseguí lavando y planchando ajeno”.
DESDE EL AÑO PASADO
Desde octubre del año pasado, cuando ocurrió la toma ilegal de las tierras donde existe un lujoso residencial, los dueños de la propiedad insistieron sin éxito en el desalojo de los precaristas.
Constantemente las autoridades policiales junto a funcionarios de la Alcaldía y la Procuraduría General de la República (PGR) trataron de persuadir a los invasores hasta que hace días convencieron a una parte de ellos para que desalojaran pacíficamente, con la promesa de la municipalidad de reubicar a 50 familias en otro lugar, aunque solo fueron reubicadas 44 familias en un anexo al barrio Paz y Reconciliación, en el Valle Waswalí, unos seis kilómetros al suroeste de la ciudad de Matagalpa.
SOLO QUEDABAN 124 FAMILIAS
Anoche las 124 familias que quedaban en la propiedad de la sociedad Inmuebles La Granja debían irse. Belén Siles, coordinadora de los precaristas, indicó que la Alcaldía ofreció otros 50 lotes para este grupo, con la posibilidad de incrementar a 80.
Siles dice que esa promesa municipal dependerá de un diagnóstico que determinará quién realmente necesita un lugar para vivir.
Una funcionaria de la Alcaldía que estaba en el sitio, así como el segundo jefe departamental de la Policía, comisionado mayor Carlos Martínez Leytón, se negaron a brindar declaraciones, aduciendo que no estaban autorizados.
Presuntamente, el inconstitucional alcalde orteguista de Matagalpa, Sadrach Zeledón, quien además es el secretario político departamental del Frente Sandinista, brindaría una conferencia de prensa sobre el tema.
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